Cuestión de las islas Malvinas

La cuestión de las Islas Malvinas es un litigio territorial que ha persistido por más de dos siglos entre la República Argentina y el Reino Unido. El archipiélago, ubicado a 341 km de las costas patagónicas, fue desembarcado por primera vez en 1690 por John Strong. Desde entonces, ha cambiado de manos varias veces, pasando brevemente bajo soberanía argentina entre 1820 y 1833, hasta que el Reino Unido las ocupó definitivamente. Argentina sostiene su reclamo basándose en la herencia española tras la independencia de 1810, mientras que Gran Bretaña argumenta otros motivos para considerarlas parte de su territorio legítimo. La población mayoritariamente británica ha expresado su deseo de permanecer bajo el dominio británico en referéndums recientes, lo cual complica aún más la disputa territorial que incluye cuestiones sobre los espacios marítimos circundantes y recursos naturales.

Antecedentes

El Reino Unido tomó por la fuerza las Islas Malvinas en 1833 cuando estaban bajo soberanía argentina. Anteriormente, el archipiélago había sido ocupado brevemente por británicos y españoles hasta finales del siglo XVIII. Argentina declaró su independencia de España en 1816 y formalizó la posesión de las Malvinas el 6 de noviembre de 1820, año en que Luis Vernet recibió una concesión para explotar ganado vacuno y lobos marinos. En 1829, Argentina nombró a Luis Vernet como Primer Comandante Político Militar, estableciendo la soberanía argentina.

En 1833, los británicos expulsaron a los oficiales argentinos pero permitieron que la mayoría de la población gaucha permaneciera. Este evento marcó el inicio del prolongado conflicto sobre la soberanía territorial que culminaría en la guerra de las Malvinas en 1982, cuando las islas fueron el principal escenario militar.

Después de la guerra, los británicos incrementaron su presencia militar y construyeron una base aérea. En febrero de 1990, Argentina y Reino Unido restablecieron relaciones diplomáticas bajo un acuerdo conocido como "paraguas de soberanía", que permite discutir aspectos prácticos relacionados con Malvinas sin comprometer las respectivas reivindicaciones territoriales.

La disputa sobre el descubrimiento

Desde fines del siglo XV hasta principios del siglo XVI, el derecho internacional reconocía al descubrimiento como un método válido para adquirir propiedad territorial. Sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII, la comunidad internacional comenzó a exigir que cualquier reclamación basada en el descubrimiento estuviera acompañada de una ocupación efectiva dentro de un período razonable después del hallazgo.

El Reino Unido sostiene que John Davis fue el primero en avistar las Islas Malvinas el 14 de agosto de 1592, aunque no proporcionó detalles específicos ni coordenadas precisas. Por otro lado, España argumenta que existen mapas anteriores a esa fecha que muestran islas posiblemente identificables como las Malvinas, lo que sugiere que ya habían sido vistas antes de 1592.

El primer avistaje no discutido se atribuye al capitán neerlandés Sebald de Weert, quien vio tres islas cerca del paralelo 50°40'S el 24 de enero de 1600. De Weert no desembarcó debido a la pérdida de los botes durante una tormenta y las islas aparecieron en mapas neerlandeses hasta finales del siglo XIX con el nombre de Sebaldinas.

En 1982, Argentina y Reino Unido restablecieron relaciones diplomáticas mediante un acuerdo que garantiza la soberanía sobre las Islas Malvinas mientras discuten aspectos prácticos. Desde entonces, los británicos han incrementado su presencia militar en la zona, incluyendo la construcción de una base aérea y autorizando vuelos regulares desde Chile.

Argumentos argentinos respecto a sus derechos de soberanía

Argentina sostiene que tiene derechos históricos y legales sobre las Islas Malvinas basándose en su herencia de España tras la independencia del país en 1810. El gobierno argentino argumenta que el archipiélago forma parte integral e indivisible de su territorio, al haber sido formalmente adquirido por las Provincias Unidas del Río de la Plata desde noviembre de 1820 y reafirmado con la designación oficial de Luis Vernet como primer comandante político militar en 1829. Argentina insiste que su soberanía sobre las islas no puede ser negociada, afirmando que el Reino Unido las ocupó por la fuerza en 1833.

En las discusiones internacionales, Argentina ha presentado consideraciones geográficas y jurídicas para respaldar sus reclamaciones. Asegura que su soberanía sobre las islas es inherente a la continuidad territorial del antiguo virreinato español en América del Sur, argumentando que el descubrimiento de las Malvinas por expediciones españolas anteriores al 14 de agosto de 1592, cuando John Davis supuestamente avistó las islas para los británicos, respalda su posición histórica.

Argumentos británicos respecto a sus derechos de soberanía

El gobierno del Reino Unido sostiene que tiene un derecho claro e incontestable sobre las Islas Malvinas. En 1965, durante una sesión en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante británico declaró que la cuestión de soberanía no era negociable. A pesar del llamado a ambas naciones para buscar soluciones pacíficas y tener en cuenta los intereses de la población local, Londres mantuvo su posición firme.

En 1966, el Secretario de Estado británico Michael Stewart viajó a Buenos Aires donde rechazó formalmente la acusación argentina de que la ocupación británica era ilegal. Esta negativa se repitió durante una reunión preliminar celebrada en Londres ese mismo año.

En 1980, el Ministro del Estado para Asuntos Exteriores Nicholas Ridley declaró ante la Cámara de los Comunes que no existían dudas sobre la soberanía británica y que este derecho era perfectamente válido. El gobierno británico enfatiza el principio del derecho a la autodeterminación de los habitantes locales, argumentando que cualquier negociación sobre la soberanía debe contar con su consentimiento explícito.

Exposiciones argentinas

Argentina ha mantenido una posición firme en torno a su soberanía sobre las Islas Malvinas desde la independencia del país. En 1820, Argentina formalizó la posesión de las islas mediante la designación oficial de Luis Vernet como Primer Comandante Político Militar, reafirmando así sus derechos históricos y legales sobre el archipiélago. La posición argentina sostiene que estas tierras forman parte integral e indivisible del territorio nacional, heredadas de España tras la independencia en 1810.

En los años posteriores a esta designación, Argentina ha argumentado que su soberanía no puede ser negociada y ha rechazado la ocupación británica desde 1833 como ilegal. Este punto de vista se basa en el derecho internacional vigente al momento del descubrimiento, donde la simple exploración no era suficiente para establecer la propiedad territorial sin una ocupación efectiva subsiguiente.

Durante las negociaciones internacionales posteriores a este evento, Argentina ha insistido en que cualquier solución pacífica debe reconocer sus derechos históricos y legales sobre el archipiélago. En 1965, durante una sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno argentino presentó su caso ante este organismo internacional, enfatizando la necesidad de que se respeten sus derechos sobre las Islas Malvinas.

Alegación argentina basada en el uti possidetis iuris

Argentina sostiene que su soberanía sobre las Islas Malvinas está respaldada por el principio del uti possidetis, un concepto jurídico que establece la continuidad de los límites territoriales de un país independiente al momento de su emancipación. Según este principio, Argentina heredó todas las posesiones territoriales que España tenía en la región del Virreinato del Río de la Plata al declarar su independencia en 1810. Los documentos históricos argentinos desde ese período afirman explícitamente que el archipiélago formaba parte integral e indivisible del territorio nacional, lo cual fue reafirmado con la designación oficial de Luis Vernet como Primer Comandante Político Militar en 1829.

Argentina argumenta que su reclamo basado en el uti possidetis no puede ser cuestionado por una ocupación posterior y forzada, tal como ocurrió cuando las islas fueron tomadas por los británicos en 1833. El gobierno argentino sostiene que esta acción violó la soberanía de Argentina sobre territorios heredados de España, reafirmándolos formalmente después de su independencia.

En 1965, durante una sesión en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina presentó sus argumentos basados en el uti possidetis como parte integral del derecho internacional que regía al momento del descubrimiento y posterior ocupación efectiva. Este principio ha sido reconocido por la comunidad internacional como un fundamento para determinar las fronteras territoriales de los nuevos estados independientes, incluyendo casos similares en América Latina y otras regiones.

La cuestión de las aguas jurisdiccionales

Desde 1820 hasta 1833, Argentina formalizó su soberanía sobre el archipiélago de las Isllas Malvinas. Durante ese período, el país latinoamericano estableció una ocupación efectiva del territorio mediante la designación oficial de Luis Vernet como Primer Comandante Político Militar en 1829. Sin embargo, en 1833, fuerzas británicas expulsaron a los oficiales argentinos, pero permitieron que la población gaucha permaneciera.

La controversia sobre las aguas jurisdiccionales se ha intensificado con el paso del tiempo debido al interés de ambos países por explotar los recursos marítimos en torno a las islas. Argentina sostiene que estas aguas forman parte integral de su territorio, mientras que Gran Bretaña argumenta lo contrario. Ambos continúan negociando sobre la demarcación exacta del espacio marítimo bajo su control y sus derechos asociados.

En 1980, el ministro británico Nicholas Ridley declaró ante la Cámara de los Comunes: «No tenemos ninguna duda sobre nuestra soberanía de las Islas Malvinas. Tenemos un título perfectamente válido». Esta afirmación refleja la firme posición del Reino Unido respecto a su control sobre el mar adyacente, incluyendo sus derechos sobre los recursos naturales y espacios económicos exclusivos.

Las Malvinas en las Naciones Unidas

En 1965, durante una sesión en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante británico declaró que la cuestión de soberanía sobre las Islas Malvinas no era negociable. Esta postura fue reforzada por la aprobación de la Resolución 2065, en la cual se invitaba a ambas naciones a buscar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de la población local.

En 1966, el Secretario de Estado británico Michael Stewart viajó a Buenos Aires y rechazó formalmente la acusación argentina de que la ocupación británica desde 1833 era ilegal. Esta negativa se repitió durante una reunión preliminar celebrada en Londres ese mismo año, donde ambas delegaciones discutieron sin llegar a un acuerdo sobre los derechos soberanos.

La posición firme del Reino Unido y Argentina ante la ONU marcó el inicio de negociaciones formales para resolver la disputa territorial. A pesar de las invitaciones internacionales a buscar una solución pacífica, ambas naciones mantuvieron sus posiciones inamovibles durante este período, reforzando así su compromiso con la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas.

La cuestión de la nacionalidad de los isleños

Desde 1983, los habitantes de las Islas Malvinas han sido reconocidos como ciudadanos británicos de pleno derecho. Esta designación ha reforzado el vínculo entre la población local y el Reino Unido, al tiempo que subraya su deseo de mantener su identidad británica. La decisión fue tomada después del conflicto bélico de 1982, en el cual las islas jugaron un papel central como escenario principal. Posteriormente, Londres ha incrementado significativamente su presencia militar en la región, construyendo una base aérea para facilitar la comunicación con otros puntos geográficos y reforzar la seguridad del archipiélago.

En 1990, Argentina y el Reino Unido restablecieron sus relaciones diplomáticas mediante un acuerdo conocido como "paraguas de soberanía", que permite a ambas partes discutir aspectos prácticos relacionados con las islas sin comprometer la posición sobre su soberanía. A pesar de este entendimiento, el tema de la nacionalidad de los isleños ha permanecido una cuestión central en las negociaciones y declaraciones oficiales británicas.

En 1999, se autorizó un vuelo semanal desde Punta Arenas, Chile, a través de LAN Chile, con el permiso del gobierno argentino. Este servicio ayuda a mantener conexiones vitales entre la isla y otros lugares, facilitando la comunicación y movilidad de los residentes locales. La designación formal como ciudadanos británicos ha sido un paso crucial para garantizar que los derechos y aspiraciones de los habitantes de las Islas Malvinas sean reconocidos a nivel internacional.

Derecho a la autodeterminación y partes en la disputa

Argentina sostiene que las Islas Malvinas forman parte integral e indivisible de su territorio nacional, argumentando que esta herencia proviene de España tras la independencia del país en 1810. La posición argentina afirma que la ocupación británica desde 1833 es ilegal y rechaza cualquier negociación sobre la soberanía sin reconocer sus derechos históricos y legales.

El Reino Unido, por su parte, sostiene firmemente que tiene un derecho claro e incontestable sobre las Islas Malvinas. Londres ha mantenido esta posición desde 1965 cuando el representante británico en la Asamblea General de la ONU declaró que la cuestión de soberanía no era negociable, y reafirmado durante reuniones posteriores con delegaciones argentinas.

En las Islas Malvinas, los habitantes han expresado su deseo de permanecer bajo el dominio británico. En 2013, realizaron un referéndum en el cual declararon ser ciudadanos británicos y manifestaron su voluntad de continuar así. Esta postura ha sido respaldada por el gobierno británico como parte fundamental del derecho a la autodeterminación reconocido internacionalmente.

Ejercicios angloargentinos de búsqueda y salvamento en torno a las Malvinas

A partir del conflicto de 1982, Argentina y el Reino Unido iniciaron ejercicios conjuntos de búsqueda y salvamento en aguas cercanas a las Islas Malvinas. Estos esfuerzos, que comenzaron después de la guerra, se centraban en garantizar la seguridad marítima y la cooperación bilateral para situaciones de emergencia. Ambas naciones reconocieron la necesidad de trabajar juntas debido al tráfico pesquero y turístico frecuente en la zona.

En 1990, Argentina y el Reino Unido restablecieron sus relaciones diplomáticas mediante una fórmula conocida como "paraguas de soberanía", que permitió la realización de estas operaciones conjuntas. El acuerdo facilitaba la cooperación práctica en aspectos relacionados con las islas, incluyendo los ejercicios de búsqueda y salvamento.

Un ejemplo significativo ocurrió cuando, en 1998, un barco pesquero argentino naufragó cerca del archipiélago. Gracias al acuerdo establecido, fuerzas británicas y argentinas trabajaron juntas para rescatar a los marineros afectados. Este tipo de cooperación demostraba la capacidad de ambas naciones para superar sus diferencias en situaciones de emergencia, enfatizando la importancia de mantener canales abiertos para la colaboración práctica.

En 2013, las islas Malvinas realizaron un referéndum donde los habitantes declararon su deseo de permanecer bajo soberanía británica. A pesar de este resultado, Argentina y el Reino Unido continuaron realizando ejercicios conjuntos de búsqueda y salvamento para garantizar la seguridad en las aguas circundantes a las islas, evidenciando una cooperación práctica que va más allá del conflicto territorial.

La cuestión del petróleo en el área de las Malvinas

Desde 1970, la posibilidad de que existan reservas significativas de petróleo en los mares circundantes a las Islas Malvinas ha aumentado considerablemente el interés tanto por parte de Argentina como del Reino Unido. La exploración petrolífera comenzó en la década de 1990, con empresas internacionales y nacionales interesadas en evaluar la viabilidad económica de los yacimientos potenciales. Las aguas marítimas disputadas alrededor del archipiélago son objeto de controversia debido a las reclamaciones territoriales por parte de ambos países.

Argentina ha argumentado que cualquier explotación petrolífera en el área debe ser controlada bajo su jurisdicción, basándose en sus derechos históricos y legales sobre el territorio. Londres, sin embargo, sostiene firmemente la soberanía británica sobre las aguas circundantes a las Malvinas, negando cualquier reclamo argentino al respecto. Este desacuerdo ha dificultado significativamente los esfuerzos conjuntos para regular y explotar los recursos naturales de la zona.

En 1997, Argentina y el Reino Unido firmaron un acuerdo para establecer zonas económicas exclusivas temporales en torno a las islas, con el objetivo de permitir la exploración petrolera mientras se mantenían negociaciones sobre la soberanía del área. Sin embargo, este acuerdo no resolvió los conflictos fundamentales y ambas naciones continúan trabajando para definir claramente sus respectivas jurisdicciones marítimas y derechos asociados.

En 2016, una empresa británica anunció la descubierta de importantes reservas de gas natural en las aguas cercanas a las Islas Malvinas. Este hallazgo reavivó el interés tanto político como económico en la zona, intensificando aún más la disputa territorial entre Argentina y Gran Bretaña sobre los derechos al petróleo y otros recursos naturales marinos.

Restricciones argentinas a la navegación hacia las Malvinas

Desde 1833, Argentina impuso restricciones significativas a la navegación hacia las Islas Malvinas para limitar el acceso británico. Estas medidas incluyeron la prohibición de zarpar desde puertos argentinos con destino al archipiélago, lo cual buscaba dificultar la colonización y el establecimiento británico en la región.

En respuesta a estas restricciones, el Reino Unido desarrolló rutas alternativas para suministrar sus bases y poblaciones en las islas. Londres argumentó que tales medidas argentinas violaban principios fundamentales del derecho internacional relacionados con la libertad de navegación. A pesar de los esfuerzos británicos, Argentina mantuvo su posición firme, reforzando así el conflicto territorial existente.

Las tensiones sobre las restricciones a la navegación persistieron hasta 1990, cuando ambas naciones restablecieron relaciones diplomáticas mediante una fórmula conocida como "paraguas de soberanía". Esta iniciativa permitió la cooperación práctica en aspectos relacionados con las islas, incluyendo la realización de ejercicios conjuntos de búsqueda y salvamento.

Posición internacional

Desde 1833 hasta la actualidad, las Islas Malvinas han sido objeto de un prolongado litigio entre Argentina y el Reino Unido. A pesar del reclamo argentino por la soberanía sobre el archipiélago, Londres ha mantenido una posición firme en torno a sus derechos territoriales. En 1965, durante una sesión en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el representante británico declaró que la cuestión de soberanía no era negociable, afirmando así su derecho claro sobre las islas. Aunque la ONU instó a ambas naciones a buscar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de la población local, el Reino Unido rechazó formalmente cualquier acusación argentina de ilegalidad en 1966 durante reuniones bilaterales.

La cuestión internacional ha evolucionado con el paso del tiempo. En 1982, las islas se convirtieron en el principal escenario militar durante la guerra de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña. Tras este conflicto, ambas naciones restablecieron sus relaciones diplomáticas a través de una fórmula conocida como "paraguas de soberanía" en 1990. Esta iniciativa permitió el desarrollo de operaciones conjuntas, incluyendo ejercicios angloargentinos de búsqueda y salvamento en aguas cercanas al archipiélago.

En la actualidad, las Islas Malvinas se encuentran bajo control británico, con una población que ha sido reconocida como ciudadanos británicos desde 1983. Londres ha incrementado significativamente su presencia militar en la zona, construyendo instalaciones para facilitar el suministro y la comunicación con otros puntos geográficos.

Negativa argentina a la creación de la diócesis católica de Tierra del Fuego

En 1983, Argentina expresó su negativa a la creación de una nueva diócesis católica en las Islas Malvinas. Esta medida fue vista por Buenos Aires como un intento británico de consolidar aún más el control sobre el archipiélago y reforzar la identidad británica entre sus habitantes. La propuesta del Vaticano para establecer una nueva diócesis en Tierra del Fuego, que incluía a las Malvinas, fue considerada por Argentina como un paso que amenazaba su reclamo territorial sobre el archipiélagos y la región circundante.

Argentina argumentó que cualquier decisión relacionada con la administración eclesiástica debía ser acordada bilateralmente entre ambos países, dado el conflicto de soberanía existente. La posición argentina se basaba en su derecho a participar en decisiones que pudieran afectar directamente sus intereses territoriales y legales sobre las islas. Este rechazo formó parte del amplio conjunto de acciones diplomáticas y políticas que Argentina emprendió para mantener la presión sobre el Reino Unido con respecto al tema de soberanía.

En respuesta a esta negativa, las autoridades británicas en las Malvinas procedieron a establecer una nueva parroquia católica bajo jurisdicción directa del arzobispado de Stanley, Falkland Islands. Este acto fue visto por Londres como un medio para asegurar la libertad religiosa y el derecho de los habitantes de las islas a practicar su fe sin interferencia externa.

Decreto 256/10

El Decreto 256/10 fue emitido por Argentina con el objetivo de reafirmar sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Este decreto, publicado en el Boletín Oficial argentino, estableció medidas para regular y controlar la navegación hacia las islas, reflejando así la posición firme del país latinoamericano respecto a su reclamo territorial. A través de este acto normativo, Argentina buscó limitar aún más el acceso británico al archipiélago, reforzando sus esfuerzos para dificultar cualquier actividad que pudiera consolidar la presencia británica en la región.

El Decreto 256/10 amplió las restricciones existentes impuestas por Argentina desde 1833, incluyendo nuevas regulaciones sobre el tráfico marítimo y aéreo hacia las islas. Estas medidas fueron vistas por Londres como una violación de los principios del derecho internacional relacionados con la libertad de navegación, lo que profundizó aún más el conflicto territorial existente entre ambas naciones.

Este decreto tuvo un impacto significativo en la dinámica bilateral y sentó las bases para futuras negociaciones y controversias sobre la soberanía y control del espacio marítimo circundante a las Islas Malvinas.

Diálogo sobre la soberanía

Desde 1833 hasta la actualidad, Argentina y Gran Bretaña han mantenido un diálogo constante sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Ambos países han intercambiado argumentos jurídicos y históricos para respaldar sus respectivos reclamos territoriales. En 1965, durante una sesión en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el representante británico declaró que la cuestión de soberanía no era negociable, afirmando así su derecho claro sobre las islas. Aunque la ONU instó a ambas naciones a buscar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de la población local, el Reino Unido rechazó formalmente cualquier acusación argentina de ilegalidad en 1966 durante reuniones bilaterales.

En este diálogo, Argentina ha enfatizado repetidamente su posición basada en el uti possidetis iuris y la continuidad territorial tras la independencia del país en 1810. Por su parte, Gran Bretaña ha sostenido que las islas forman parte de su territorio legítimo desde tiempos inmemoriales, argumentando que la ocupación efectiva es necesaria para completar el título del descubrimiento. Estas posturas han llevado a ambos países a mantener una negociación tensa y sin avances significativos durante décadas.

En 1980, Nicholas Ridley, ministro británico de Asuntos Exteriores, declaró ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido no tenía dudas sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas. Este enfoque ha llevado a ambos países a mantener una postura rígida y sin concesiones en torno al tema, dificultando cualquier progreso hacia un acuerdo mutuo.

Reivindicación histórica desde Uruguay

Desde principios del siglo XIX, Uruguay ha mantenido un interés en el tema de las Islas Malvinas, aunque su posición no ha sido tan activa como la de Argentina. Durante este período, Uruguay ha reafirmado ocasionalmente sus reclamos históricos sobre el archipiélago, basándose en argumentos geográficos y legales similares a los presentados por su vecino del sur. En documentos oficiales, Uruguay ha declarado que las islas forman parte de la región continental americana y han sido heredadas desde España tras la independencia latinoamericana.

En el contexto internacional, Uruguay ha apoyado regularmente las posturas argentinas en foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, su participación directa en los debates sobre la soberanía ha sido limitada comparada con Argentina. Durante la década de 1960 y principios de 1970, Uruguay se unió a otros países latinoamericanos en apoyar el reclamo argentino por las islas Malvinas, argumentando que su ocupación británica era ilegal e incompatible con los principios del derecho internacional vigente.

Uruguay ha mantenido una posición diplomática pero firme sobre la cuestión de las Islas Malvinas. Aunque no ha desatado conflictos directos con el Reino Unido, ha insistido en que cualquier solución a este diferendo debe respetar los derechos históricos y legales de Argentina sobre el archipiélago.

En 1982, durante la guerra de las Malvinas, Uruguay proporcionó apoyo logístico a Argentina, aunque sin participar directamente en combates militares. Posteriormente, Uruguay ha continuado respaldando los esfuerzos diplomáticos argentinos para resolver el conflicto pacíficamente y ha reafirmado su compromiso con la soberanía argentina sobre las islas.

En 2016, Uruguay firmó una declaración conjunta junto a Argentina y Chile que reiteraba el derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas, respaldando así la posición histórica y legal del país en este conflicto territorial.

Resumen

La cuestión de las Islas Malvinas surge del conflicto entre Argentina y el Reino Unido por su soberanía. Las islas han tenido diversos ocupantes históricos, incluyendo a británicos, franceses y españoles, con asentamientos efímeros hasta fines del siglo XVIII. En 1820, Argentina tomó formalmente posesión de las Malvinas, nombrando Luis Vernet como comandante político militar en 1829. Sin embargo, el Reino Unido expulsó a los oficiales argentinos en 1833, manteniendo su control hasta la actualidad. La disputa llevó a una guerra en 1982 y posteriormente al establecimiento de un mecanismo para salvaguardar las soberanías respectivas durante negociaciones bilaterales.

Desde entonces, el Reino Unido ha incrementado su presencia militar en la zona, construyendo bases aéreas y permitiendo vuelos regulares desde Chile. Los habitantes de las islas son ciudadanos británicos con derecho al voto. Esta situación complica la resolución del conflicto territorial, ya que los residentes expresan preferencia por mantener su estatus actual como territorio británico. Las Naciones Unidas consideran el archipiélago un territorio no autónomo en litigio y lo incluyen en la lista de territorios bajo supervisión del Comité de Descolonización, manteniendo así la controversia territorial entre Argentina y Reino Unido sin resolución definitiva.

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