Laica o libre

En Argentina, el conflicto conocido como "laica o libre" estalló en 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi. El debate giraba alrededor del propósito gubernamental de permitir a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes, lo cual fue rechazado por quienes defendían la exclusividad de este derecho para instituciones estatales. Este conflicto no se centró en la libertad de enseñanza garantizada constitucionalmente, sino que se trataba del monopolio estatal sobre la expedición de títulos académicos oficiales, un aspecto crucial que determinaba quién podía ejercer profesiones reguladas por el Estado. El eslogan "laica o libre" surgió para identificar este enfrentamiento ideológico y legal que tuvo profundas implicaciones para la estructura educativa universitaria argentina.

Distinciones en torno a la enseñanza y a la expedición de títulos

Hay que distinguir entre título académico o científico, que certifica la realización de estudios específicos, y el título habilitante, que autoriza para ejercer profesiones liberales. Este segundo tipo de título es crucial porque regula actividades que involucran intereses vitales como salud, honor y patrimonio.

Esta diferencia da lugar a diversos sistemas alternativos sobre cómo otorgar títulos habilitantes. El gobierno de Frondizi propuso permitir a las universidades privadas expedir estos títulos, lo cual desencadenó un intenso debate entre quienes apoyaban la autorización y los que se oponían para mantener el monopolio estatal en este ámbito.

Antecedente

La abolición del monopolio estatal sobre la educación universitaria era un objetivo que la Iglesia católica había venido promoviendo en los años posteriores a la fundación, por parte de los jesuitas, de la Universidad Nacional de Córdoba. Este deseo se concretó parcialmente cuando José Manuel Estrada, durante su gestión como ministro de Educación bajo el gobierno de la Revolución Libertadora, impulsó el decreto-ley 6403 del 22 de diciembre de 1955. Esta norma no solo restableció la autonomía universitaria sino que también permitió a las nuevas instituciones privadas otorgar títulos y diplomas académicos, aunque dejó pendiente la decisión sobre los títulos habilitantes para el gobierno democrático futuro.

La sanción de este decreto provocó reacciones diversas. José Luis Romero renunció al cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires en protesta por no haber sido consultado previamente, mientras que otras figuras educativas sí lo fueron y apoyaron la medida. Esto llevó a la creación de varias universidades privadas entre 1956 y 1960, incluyendo la Universidad del Salvador y la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires.

Conflicto

A fines de agosto de 1958, cuando las tensiones por la "batalla del petróleo" alcanzaban su punto máximo, trascendió que el gobierno estaba a punto de permitir a las universidades privadas expedir títulos habilitantes. Los opositores al proyecto realizaron gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, incluyendo pronunciamientos de la Federación Universitaria Buenos Aires (FUBA). El 28 de agosto, los rectores de las universidades nacionales pidieron al gobierno que no reglamentara el artículo 28 del decreto-ley 6403/55, argumentando que su implementación alteraría la vida institucional y académica.

Durante septiembre, los debates se intensificaron y se produjeron desórdenes callejeros y huelgas en colegios secundarios. El 10 de septiembre, el diputado Becerra presentó un proyecto para derogar el artículo 28, mientras que la FUBA convocaba a una huelga general. Dos manifestaciones masivas se llevaron a cabo frente al Congreso: la primera, apoyada por el Partido Cívico Independiente y personalidades de la Iglesia católica, reunió unas 60.000 personas; la segunda, convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), congregó a más de 250.000 manifestantes en contra del proyecto.

Trámite parlamentario

El 23 de septiembre, un grupo de 64 diputados de la Unión Cívica Radical Intransigente, liderados por Horacio Domingorena, declararon que solo las universidades estatales podían otorgar títulos habilitantes. Dos días después, tras un intenso debate, la Cámara de Diputados votó 109 a 52 para derogar el artículo 28 del decreto-ley 6403/55.

Sin embargo, un sector de la UCRI dirigido por Domingorena cambió su posición. El ministro de Educación anunció que las faltas colectivas de asistencia de estudiantes secundarios se computarían simples en lugar de dobles "por esta vez". La Cámara de Senadores aceptó este cambio, aprobando con unanimidad un “agregado” al texto sancionado por Diputados. Este agregado establecía que las universidades privadas no recibirían subsidios estatales y estarían sujetas a controles administrativos. Tras varias votaciones, la ley quedó aprobada conforme al texto del Senado el 30 de septiembre.

Consecuencias políticas

Frondizi decidió esperar hasta febrero de 1959 para reglamentar la ley, evitando así nuevas protestas estudiantiles y sociales. Este retraso generó tensiones con su propio hermano Risieri, quien era el rector de la Universidad de Buenos Aires y lo acusó de haber abandonado las políticas que le habían llevado al poder.

El grupo conocido como “libres”, compuesto por estudiantes humanistas, respaldó la reforma educativa argumentando que esta jerarquizaría a las universidades privadas y permitiría crear institutos científicos dentro de ellas. Según estos defensores, esto ayudaría a formar técnicos necesarios para modernizar el país, superando así las limitaciones de la educación pública.

Resumen

El conflicto denominado "laica o libre" surgió en 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi, quien buscaba autorizar a las universidades privadas para emitir títulos habilitantes. Este asunto dividió a la sociedad argentina entre quienes apoyaban y quienes se oponían a esta medida, generando un debate sobre el monopolio estatal en la expedición de estos títulos que afectaba directamente al ejercicio de profesiones reguladas por el Estado. El conflicto desencadenó manifestaciones masivas y huelgas universitarias, lo cual llevó al Congreso a derogar el artículo 28 del decreto-ley 6403/55, impidiendo así que las universidades privadas pudieran otorgar títulos habilitantes. A pesar de la resolución parlamentaria, este episodio dejó un legado significativo en la discusión sobre el papel de las instituciones educativas y su relación con el Estado en Argentina.

El conflicto tuvo profundas implicaciones para la estructura educativa argentina y marcó una etapa crucial en la historia política del país. Aunque la medida fue revocada, la controversia desatada influyó en debates futuros sobre autonomía universitaria y regulación estatal de las instituciones académicas privadas. Este evento reflejó tensiones entre sectores conservadores y progresistas, con implicaciones para el papel de la Iglesia católica y la política educativa del Estado argentino durante ese período.

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