Presidencia de Bernardino Rivadavia

La Presidencia de Bernardino Rivadavia, ejercida entre febrero de 1826 y junio de 1827, constituye el primer intento formal de organizar un gobierno ejecutivo de alcance nacional en las Provincias Unidas del Río de la Plata tras la disolución de la autoridad central en 1820. Asumida en el marco del Congreso General de 1824, esta magistratura representó la plasmación del proyecto político del grupo unitario porteño, orientado a la centralización del poder, la modernización de las estructuras económicas e institucionales bajo cánones liberales y la inserción del país en el comercio internacional. Sin embargo, su desarrollo estuvo fuertemente condicionado por la guerra exterior contra el Imperio del Brasil y por la creciente resistencia de las provincias del interior.

La relevancia de este período radica en las profundas transformaciones legislativas y financieras que se impulsaron, así como en las graves tensiones políticas que terminaron por fragmentar el espacio rioplatense. La adopción de medidas centralistas, como la ley de capitalización de Buenos Aires y la Constitución Argentina de 1826, agravó el enfrentamiento entre las élites porteñas y los caudillos provinciales. La brevedad del mandato de Rivadavia y su posterior renuncia no solo marcaron el colapso del proyecto unitario de la década de 1820, sino que también reabrieron una fase de autonomías provinciales y guerras civiles que postergaría la organización definitiva del Estado argentino por casi tres décadas.

Contexto histórico y antecedentes políticos

Tras la Batalla de Cepeda en 1820 y la caída del Directorio, la autoridad nacional desapareció en el espacio rioplatense, dando paso a una etapa caracterizada por la autonomía de las provincias y la firma de pactos interprovinciales, como el Tratado del Pilar y el Tratado de Benegas. Durante estos años, la Provincia de Buenos Aires atravesó la denominada "feliz experiencia", un período de estabilidad política y expansión económica bajo las gobernaciones de Martín Rodríguez y Juan Gregorio de Las Heras. En ese contexto, Bernardino Rivadavia, desempeñándose como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Rodríguez, impulsó reformas administrativas, religiosas, militares y educativas de inspiración ilustrada.

Hacia 1824, la necesidad de restablecer un marco institucional común motivó la reunión del Congreso General de 1824 en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de representantes de todas las provincias. La agenda parlamentaria se vio abruptamente acelerada por el estallido de la Guerra del Brasil en 1825, provocada por la reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata tras la gesta de los Treinta y Tres Orientales. La urgencia de contar con un mando supremo para organizar el esfuerzo bélico y administrar las finanzas del país impulsó al Congreso a sancionar la Ley de Presidencia el 6 de febrero de 1826, creando un Poder Ejecutivo Nacional y nombrando a Rivadavia para ocupar el cargo.

La creación del Poder Ejecutivo y la Ley de Capitalización

La Ley de Presidencia confirió a Bernardino Rivadavia la jefatura del Estado y el control de la administración general, pero la falta de una constitución sancionada generó vacíos legales sobre los límites precisos de su autoridad respecto a las autonomías provinciales. Días después de su asunción, el nuevo mandatario elevó al Congreso General de 1824 un proyecto aún más controversial: la Ley de Capitalización, sancionada en marzo de 1826. Esta norma declaraba a la ciudad de Buenos Aires y a un amplio territorio circundante como capital de la República, nacionalizando sus aduanas, sus puerto y sus rentas públicas.

La medida provocó la disolución inmediata de las instituciones de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo la Junta de Representantes de Buenos Aires y la magistratura del gobernador Juan Gregorio de Las Heras, quien presentó su renuncia. Si bien la medida buscaba subordinar los recursos porteños al tesoro nacional, provocó un rechazo masivo tanto en los sectores hacendados y autonomistas bonaerenses, liderados por figuras como Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas, como en los caudillos del interior, que veían en la supresión de la provincia un maniobra para consolidar la hegemonía indiscutida del grupo centralista en el poder.

Política económica, financiera y el empréstito Baring Brothers

La gestión económica de Rivadavia estuvo marcada por la penuria fiscal derivada de las exigencias bélicas y por un ambicioso programa de reformas financieras. Bajo el impulso presidencial, se creó el Banco Nacional, una entidad de capitales mixtos que absorbió al antiguo Banco de Descuentos y a la cual se le otorgó el monopolio de la emisión monetaria. Sin embargo, la falta de encaje metálico, sumada a la emisión desmedida de billetes inconvertibles para financiar el conflicto con el Imperio del Brasil, desencadenó una severa inflación y la depreciación acelerada del papel moneda.

Uno de los aspectos más controvertidos de la política económica fue la administración del empréstito contratado en 1824 con la casa bancaria británica Baring Brothers. Diseñado originalmente para la construcción de un puerto moderno en Buenos Aires, la instalación de redes de agua corriente y la fundación de pueblos en la frontera, los fondos líquidos recibidos fueron sustancialmente menores al monto nominal del préstamo debido a las comisiones y retenciones aplicadas. En medio del conflicto bélico, gran parte del dinero desviado a través del Banco Nacional terminó destinándose a financiar los gastos de la contienda militar, mientras que la garantía del crédito, establecida sobre la totalidad de la tierra pública mediante la ley de enfiteusis, limitó el acceso a la propiedad agraria a gran escala.

La Ley de Enfiteusis y la cuestión agraria

Ante la imposibilidad de vender las tierras públicas por estar empeñadas como garantía del empréstito de la Baring Brothers, el gobierno de Rivadavia promulgó en mayo de 1826 la Ley de Enfiteusis. Esta legislación establecía la entrega de las tierras fiscales a particulares en arrendamiento de largo plazo a cambio del pago de un canon anual fijo sobre el valor del terreno. El objetivo teórico de la norma era fomentar la colonización, promover la agricultura y asegurar un ingreso regular para las arcas del Estado.

En la práctica, la ley no logró democratizar el acceso a la tierra ni desarrollar una clase de pequeños propietarios agrícolas. La falta de límites a la cantidad de hectáreas que podía solicitar un solo individuo, sumada a la debilidad de los mecanismos de tasación y cobro por parte del Estado, permitió que influyentes comerciantes, políticos y hacendados acapararan vastas extensiones de terreno en la provincia de Buenos Aires. Historiadores de diversas corrientes coinciden en que la enfiteusis favoreció la formación de los grandes latifundios ganaderos que caracterizarían la estructura agraria argentina durante el resto del siglo XIX.

Desarrollo de la Guerra del Brasil y la campaña militar

La conducción de la Guerra del Brasil ocupó un lugar prioritario en la agenda del Poder Ejecutivo durante la totalidad del mandato presidencial. Mientras la escuadra naval brasileña imponía un estricto bloqueo al Río de la Plata, estrangulando el comercio exterior porteño, el Ejército Republicano fue desplegado hacia la Banda Oriental bajo el mando superior del general Carlos María de Alvear. En el frente naval, la pequeña flota patriota conducida por el comandante Guillermo Brown logró sonadas victorias tácticas en combates como la Batalla de Juncal y la Batalla de Los Pozos, rompiendo parcialmente el cerco marítimo sobre la capital.

En el teatro de operaciones terrestre, la campaña militar alcanzó su punto culminante en la Batalla de Ituzaingó, librada el 20 de febrero de 1827. Las fuerzas combinadas rioplatenses obtuvieron un triunfo categórico sobre las tropas imperiales comandadas por el marqués de Barbacena. Sin embargo, pese a las victorias decisivas logradas en el campo de batalla, el gobierno de Rivadavia se vio imposibilitado de capitalizar estos éxitos militares debido a la quiebra financiera del Estado, el agotamiento de los recursos logísticos y el creciente aislamiento político ante las provincias.

La Constitución de 1826 y la oposición del interior

En diciembre de 1826, el Congreso General de 1824 sancionó la Constitución Argentina de 1826, redactada bajo la directa influencia del pensamiento unitario. El texto constitucional establecía una forma de gobierno representativa y republicana, pero marcadamente centralista. Otorgaba al Presidente de la República la facultad de nombrar a los gobernadores de provincia con acuerdo del Senador, eliminando en los hechos la autonomía política de los estados provinciales y concentrando la administración de la justicia y los tributos en las autoridades nacionales.

La reacción de los caudillos y gobiernos provinciales fue de inmediato y unánime rechazo. Liderados por figuras emblemáticas como Facundo Quiroga en La Rioja, Juan Bautista Bustos en Córdoba y Felipe Ibarra en Santiago del Estero, la mayoría de las provincias rechazaron de manera categórica el texto constitucional. La resistencia armada se extendió rápidamente por el noroeste y el litoral argentino, donde las milicias provinciales desconocieron la autoridad del presidente Rivadavia, provocando la paralización efectiva de la administración central fuera del territorio bonaerense.

La crisis diplomática, la Convención García y la caída del gobierno

El desenlace de la presidencia de Bernardino Rivadavia estuvo determinado por el fracaso de las negociaciones diplomáticas para poner fin a la contienda con el Imperio del Brasil. Ante la imposibilidad de sostener económicamente el esfuerzo bélico, el presidente envió a Río de Janeiro al ministro plenipotenciario Manuel José García con instrucciones de negociar la paz. Sin embargo, desbordando las atribuciones otorgadas por el Ejecutivo, García firmó en mayo de 1827 una convención preliminar de paz mediante la cual las Provincias Unidas del Río de la Plata renunciaban a la Banda Oriental, reconociendo la soberanía del Imperio sobre dicho territorio.

La noticia del tratado provocó una ola de indignación popular en Buenos Aires, sumando al rechazo de las tropas del ejército que regresaban victoriosas del frente. Aunque Rivadavia desautorizó formalmente la actuación de García y rechazó la convención ante el Congreso, el costo político resultó irreparable. Sin crédito financiero, desprovisto del apoyo del ejército, con la oposición abierta de la provincia de Buenos Aires y con el interior levantado en armas, Bernardino Rivadavia presentó su renuncia ante el Congreso General de 1824 el 27 de junio de 1827.

Consecuencias e interpretación historiográfica

La renuncia de Bernardino Rivadavia precipitó el colapso definitivo de las instituciones nacionales creadas por el Congreso General de 1824. La Ley de Capitalización fue derogada, restableciéndose la autonomía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo gobierno fue asumido poco después por el líder federal Manuel Dorrego. El país retornó a una estructura descentralizada de provincias confederadas, unidas únicamente por tratados bilaterales y por la delegación del manejo de las relaciones exteriores en la gobernación bonaerense, esquema que perduraría con matices hasta la sanción de la Constitución de la Nación Argentina en 1853.

La historiografía argentina ha interpretado la presidencia de Rivadavia de maneras sumamente contrapuestas. La corriente liberal e historiografía clásica, representada por Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, ensalzó a Rivadavia como el "santo de la espada civil", ponderando su visión modernizadora, su impulso a la cultura, la creación de la Universidad de Buenos Aires y sus intentos de institucionalizar la República. Por el contrario, la historiografía revisionista, con autores como Julio Irazusta y José María Rosa, criticó severamente su gestión, señalando el carácter antinacional de la entrega de la tierra mediante la enfiteusis, la dependencia financiera generada por el crédito de la Baring Brothers y el sesgo porteñista que ahondó las guerras civiles argentinas.

Resumen

La Presidencia de Bernardino Rivadavia, ejercida entre febrero de 1826 y junio de 1827, constituyó el primer intento de establecer un gobierno nacional en las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo la hegemonía del proyecto unitario. Creada por el Congreso General de 1824 para hacer frente a las exigencias de la Guerra del Brasil, su gestión estuvo signada por reformas centralistas de gran calado, tales como la Ley de Capitalización de Buenos Aires, la creación del Banco Nacional, la aplicación de la Ley de Enfiteusis y la promulgación de la Constitución Argentina de 1826.

El marcado sesgo centralista del gobierno, sumado a los problemas derivados del crédito con la Baring Brothers y la creciente resistencia de los caudillos provinciales del interior, desató una profunda crisis política interna. La firma de la controvertida Convención García, que cedía la Banda Oriental al Imperio del Brasil, erosionó definitivamente la legitimidad del presidente, quien presentó su renuncia en junio de 1827. Su caída derivó en la disolución de las autoridades nacionales, el restablecimiento de la autonomía de las provincias y el afianzamiento del debate ideológico entre unitarios y federales.

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