Roca y las Malvinas: La Propuesta de Arbitraje Rechazada por Gran Bretaña

Durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca (1880–1886), la República Argentina impulsó una firme estrategia diplomática orientada a reactivar y fundamentar jurídicamente el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda desde la invasión militar de 1833. En el marco de esta ofensiva de la política exterior argentina, la administración nacional propuso formalmente a la corona británica someter la controversia territorial a un arbitraje internacional, mecanismo jurídico que comenzaba a consolidarse en el derecho internacional público del siglo XIX como la vía pacífica e idónea para la resolución de litigios entre estados soberanos.

La iniciativa, articulada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el canciller Francisco J. Ortiz, buscaba encauzar el litigio por vías estrictamente de derecho, ofreciendo designar un árbitro neutral para examinar los títulos históricos y jurídicos de ambas naciones. Sin embargo, el gobierno británico, encabezado en el ámbito diplomático por Lord Granville y posteriormente por Lord Salisbury, rechazó de manera categórica la propuesta argentina, argumentando que la soberanía británica sobre el archipiélago era absoluta e indiscutible, por lo que no podía ser sometida al escrutinio de un tercero. Este episodio constituyó un hito trascendental en la historia diplomática de la República Argentina, al fijar una posición basada en el derecho internacional y la solución pacífica de las controversias frente a una potencia global.

Antecedentes diplomáticos y el reclamo de soberanía

El origen del diferendo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda se remonta al 3 de enero de 1833, cuando la corbeta de guerra británica HMS Clio, al mando del capitán John Onslow, despojó por la fuerza a las autoridades e instituciones argentinas establecidas en Puerto Soledad. El comandante argentino José María Pinedo, superado en poder de fuego, debió evacuar la guarnición, comenzando desde ese momento la ocupación británica de las Islas Malvinas. De manera inmediata, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del ejercicio de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, presentó protestas formales a través del ministro plenipotenciario Manuel Moreno ante el secretario de Asuntos Exteriores británico, Lord Palmerston.

A lo largo de las décadas de 1840, 1850 y 1860, Manuel Moreno mantuvo la reserva de los derechos argentinos mediante sucesivas notas diplomáticas enviadas al Foreign Office en Londres. No obstante, la postura británica se caracterizó por la omisión sistemática o la negativa implícita a reabrir discusiones sobre la soberanía del archipiélago en el Océano Atlántico Sur. Con el proceso de consolidación del Estado nacional argentino tras la reunificación definitiva de 1861 y el fin de la Guerra de la Triple Alianza, las autoridades de Buenos Aires comenzaron a reestructurar su política exterior para dotarla de una perspectiva profesional y doctrinaria frente a las potencias extranjeras.

La política exterior de la Generación del 80 y el contexto regional

La llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia en 1880 inauguró la etapa dominada por la denominada Generación del 80, un período signado por la modernización institucional, el crecimiento económico agroexportador y la inserción de la República Argentina en los mercados internacionales. En este contexto, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda representaba el principal socio comercial y financiero del país, siendo el origen de la mayor parte de las inversiones ferroviarias, bancarias e infraestructura portuaria. Pese a esta profunda relación de dependencia económica, la administración de Julio Argentino Roca sostuvo una política exterior que procuró disociar la vinculación mercantil de la defensa irrestricta de la integridad territorial y los derechos soberanos.

Paralelamente, la diplomacia argentina promovía intensamente el principio del arbitraje internacional para resolver las complejas disputas limítrofes en el Cono Sur. El gobierno de Julio Argentino Roca utilizó este instrumento para encauzar los diferendos fronterizos con Chile, cristalizados en el Tratado de Limites de 1881, y con el Imperio del Brasil por la región de Misiones. Para los diplomáticos argentinos de la época, el arbitraje no representaba un síntoma de debilidad, sino una herramienta de prestigio jurídico sustentada en el derecho de gentes, capaz de igualar a las naciones pequeñas o medianas frente a los grandes imperios de la era industrial.

La iniciativa argentina de 1884 y la propuesta de arbitraje

El detonante para la reactivación formal del reclamo por las Islas Malvinas ocurrió en 1884, a raíz de la publicación de un mapa oficial elaborado por el Instituto Geográfico Argentino bajo la supervisión de su presidente, Alejandro Paz. La cartografía en cuestión incluía a las Islas Malvinas como parte integrante del territorio nacional argentino, coloreándolas con la misma tonalidad que el resto de las provincias. El encargado de negocios británico en Buenos Aires, Edmund Fane, envió inmediatamente una nota diplomática de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, exigiendo rectificaciones y alegando que la publicación afectaba los derechos de la corona británica sobre las islas.

Frente a la queja británica, el presidente Julio Argentino Roca y su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco J. Ortiz, decidieron no ceder ante la presión de la legación extranjera. En una elaborada respuesta diplomática cursada entre 1884 y 1885, el canciller Francisco J. Ortiz ratificó la validez del mapa oficial y reafirmó la imprescriptibilidad de los derechos de soberanía de la República Argentina. Asimismo, para superar el estancamiento histórico y demostrar la buena fe de la posición argentina, Francisco J. Ortiz formuló formalmente la propuesta de someter la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas al arbitraje de una nación amiga o de un tribunal internacional neutral, comprometiéndose el Estado argentino a acatar el fallo jurídico resultante.

La respuesta del Imperio Británico y la negativa al arbitraje

La propuesta argentina fue enviada a Londres para su consideración por el Foreign Office, bajo la gestión de Lord Granville, secretario de Asuntos Exteriores del gobierno liberal de William Gladstone. La diplomacia británica analizó la iniciativa desde la óptica de la doctrina de los hechos consumados y la expansión imperial victoriana. Para el gobierno británico, aceptar someter las Islas Malvinas a un arbitraje internacional significaba admitir implícitamente que existía un título jurídico dudoso o una controversia abierta sobre la posesión del archipiélago, lo que sentaría un precedente riesgoso para otras posesiones coloniales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en el mundo.

En consecuencia, la respuesta del gobierno británico fue un categórico rechazo. A través de sus representantes diplomáticos en Buenos Aires, las autoridades de Londres comunicaron que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda consideraba la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas como un asunto definitivamente cerrado. Los ministros británicos Lord Granville y, posteriormente, el conservador Lord Salisbury, sostuvieron que el transcurso del tiempo desde 1833 y el ejercicio ininterrumpido de la administración colonial otorgaban al gobierno británico un derecho absoluto que no requería validación ni revisión por parte de ningún árbitro internacional.

Evolución del reclamo y la gestión de Juárez Celman

La negativa británica no detuvo la acción diplomática argentina. Con la llegada a la presidencia de Miguel Juárez Celman en 1886, la línea fijada durante la gestión de Julio Argentino Roca tuvo continuidad a través del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Norberto Quirno Costa. En 1887, el diplomático argentino reitero ante el ministro plenipotenciario británico en Buenos Aires, George Glynn Petre, que la República Argentina no consideraba caducados sus derechos e insistió en la validez del arbitraje internacional como el único camino pacífico para resolver la disputa territorial de forma equitativa.

El canciller Norberto Quirno Costa dejó constancia formal en las memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de que el silencio o la negativa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda a aceptar el arbitraje no afectaba la reserva de derechos argentina. La postura adoptada durante las presidencias de Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman sentó las bases de la doctrina jurídica argentina sobre el archipiélago, caracterizada por la protesta sistemática, la impugnación de la ocupación por la fuerza y el permanente ofrecimiento de vías pacíficas basadas en el derecho internacional.

Interpretación historiográfica y legado histórico

La historiografía argentina ha evaluado de manera diversa las implicancias de la propuesta de arbitraje formulada durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Por un lado, las corrientes de la historiografía liberal y académica destacan el rigor legalista y la audacia de la diplomacia argentina, la cual, en el pico de la hegemonía mundial del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, no dudo en desafiar la ocupación británica apelando al derecho de gentes. Esta visión subraya que la propuesta de arbitraje demostró ante la comunidad internacional la fe de la República Argentina en la solidez de sus títulos históricos derivados del uti possidetis iuris y de la administración del gobernador Luis Vernet.

Por otro lado, sectores del revisionismo histórico han señalado la contradicción existente entre una política exterior de protesta jurídica y una política económica de fuerte subordinación al capital británico durante la era de la Generación del 80. Sin embargo, existe consenso historiográfico en que el rechazo británico al arbitraje de 1884 dejó en evidencia la falta de argumentos jurídicos de Londres para sostener su posición en un foro neutral. Este antecedente sirvió como cimiento para las posteriores presentaciones de la República Argentina ante organismos multilaterales en el siglo XX, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el país continuó reclamando una solución negociada y pacífica a la controversia de soberanía.

Resumen

La propuesta de arbitraje internacional formulada por la República Argentina durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca constituye uno de los episodios más relevantes de la historia diplomática del siglo XIX en torno al diferendo por las Islas Malvinas. Ante la ocupación británica iniciada en 1833, el gobierno argentino aprovechó la controversia cartográfica de 1884 desencadenada por el mapa del Instituto Geográfico Argentino para impulsar una solución de derecho. A través del canciller Francisco J. Ortiz, la administración nacional ofreció someter la controversia a la decisión de un árbitro o tribunal internacional neutral.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, conducido diplomáticamente por Lord Granville y Lord Salisbury, rechazó tajantemente la iniciativa argentina, sosteniendo que la soberanía británica sobre el archipiélago era absoluta y no estaba sujeta a discusión. Pese a la negativa del Foreign Office, la República Argentina, mediante las gestiones posteriores de ministros como Norberto Quirno Costa bajo la presidencia de Miguel Juárez Celman, mantuvo inalterada la reserva de sus derechos. Este acontecimiento consolidó la doctrina diplomática argentina basada en la impugnación de los actos de fuerza, la primacía del derecho internacional y la búsqueda de mecanismos pacíficos para la restitución de la integridad territorial.

@misc{bianchi2026,
  author    = {Dante Bianchi},
  title     = {Roca y las Malvinas: La Propuesta de Arbitraje Rechazada por Gran Bretaña},
  year      = {2026},
  publisher = {HISTORIA ARGENTINA},
  url       = {https://historiaargentina.org/roca-malvinas-propuesta-arbitraje-rechazada-gran-bretana/}
}