Década Infame

Se conoce como Década Infame al período de la historia argentina comprendido entre el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, y la Revolución del 43, que puso fin al mandato de Ramón S. Castillo el 4 de junio de 1943. Iniciada con la dictadura de José Félix Uriburu y consolidada bajo la alianza política de la Concordancia durante las presidencias de Agustín P. Justo, Roberto M. Ortiz y el propio Castillo, esta etapa se caracterizó en el plano político por el uso sistemático del llamado «fraude patriótico», la persecución a la oposición y la proscripción de las mayorías para garantizar el control estatal en manos de las élites conservadoras.

En el aspecto económico y social, el proceso estuvo profundamente signado por las consecuencias de la Gran Depresión global, lo que forzó una reestructuración del modelo agroexportador hacia un acelerado proceso de industrialización por sustitución de importaciones y un marcado intervencionismo estatal, simbolizado en la creación del Banco Central y el controvertido Pacto Roca-Runciman. A su vez, el desarrollo industrial motivó masivas migraciones internas desde las provincias hacia los grandes centros urbanos, dando origen a una nueva clase obrera cuya creciente relevancia social terminaría por erosionar la legitimidad del régimen conservador y transformar definitivamente la estructura política del país.

Antecedentes e hitos previos

La conformación de la Argentina moderna se consolidó tras setenta años de conflictos e instabilidad institucional posteriores a 1810. Durante este período inicial se estructuró una organización política de carácter federal, un modelo económico primario agroexportador centrado originalmente en la lana y de forma posterior en la carne y los granos, y una red de servicios e inversiones dependiente del capital financiero europeo, en particular del Reino Unido. A partir de 1880, este esquema cristalizó bajo un régimen político conservador regido por el Partido Autonomista Nacional, el cual promovió un acelerado crecimiento de las variables económicas en detrimento de la apertura democrática y el ejercicio de las libertades políticas.

El quiebre del orden conservador tradicional se precipitó a comienzos del siglo XX mediante la sanción de la reforma electoral impulsada por la Ley Sáenz Peña, proyectada para integrar a las mayorías populares bajo el supuesto control del patriciado institucional. No obstante, el sufragio obligatorio y secreto catapultó al poder en 1916 a la Unión Cívica Radical, encabezada por Hipólito Yrigoyen. Durante sus mandatos, el radicalismo intentó aplicar reformas económicas y sociales que tropezaron de manera constante con la oposición conservadora en el Congreso de la Nación Argentina, donde el oficialismo careció de mayoría propia. Tras la gestión de Marcelo Torcuato de Alvear, afín a la facción «antipersonalista» del partido, el reelecto Hipólito Yrigoyen asumió en 1928 rodeado por sectores juveniles y reformistas, cuya agenda colisionó frontalmente con los efectos destructivos de la Gran Depresión global iniciada en 1929.

El deterioro del ambiente político nacional se vio catalizado por la proliferación de corrientes de opinión de inspiración fascista, el surgimiento de publicaciones ultranacionalistas como Fronda o La Nueva República, y el accionar violento de fuerzas de choque patronales como la Liga Patriótica, dedicada a reprimir las huelgas sindicales. Paralelamente, la gestación de logias en el seno del Ejército Argentino aceleró una articulación destituyente entre oficiales militares, dirigentes conservadores, elementos del radicalismo antipersonalista y la prensa oligárquica representada por diarios como La Prensa y Crítica. A mediados de 1930, la inacción administrativa atribuida a la avanzada edad del presidente y la conspiración conducida por los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo sellaron el desenlace del régimen democrático.

La dictadura de José Félix Uriburu y el ensayo corporativo (1930-1932)

En la mañana del 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabezó una columna de apenas dos mil soldados y cadetes del Colegio Militar de la Nación hacia la Casa Rosada. Al no hallar resistencia armada salvo por un tiroteo aislado frente al Congreso de la Nación Argentina, la irrupción militar forzó la renuncia del vicepresidente Enrique Martínez y consumó el arresto de Hipólito Yrigoyen, quien fue confinado en la Isla Martín García mientras sus propiedades particulares eran saqueadas. Autoproclamado presidente provisional, José Félix Uriburu emitió una proclama redactada por el poeta Leopoldo Lugones con correcciones del coronel José María Sarobe, mediante la cual clausuró el Congreso de la Nación Argentina y dispuso la intervención federal de casi todas las provincias, exceptuando Entre Ríos y San Luis por hallarse bajo administración conservadora.

La dictadura cívico-militar instalada halló un respaldo institucional clave el 10 de septiembre de 1930, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina firmó una célebre acordada que legitimó las facultades del ejecutivo de facto en función de la posesión de la fuerza para garantizar el orden social, dando nacimiento a la «doctrina de los gobiernos de facto». La oposición civil resultó marginal y se concentró en protestas estudiantiles y en la renuncia de Alfredo Palacios al decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En contraste, partidos como el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Independiente y el arco conservador adhirieron al nuevo régimen, mientras que Marcelo Torcuato de Alvear emitió un aval inicial condicionado por informes distorsionados que le remitían sus correligionarios antipersonalistas.

Inspirado ideológicamente en el nacionalismo católico y el corporativismo fascista, José Félix Uriburu pretendió sustituir la Constitución Nacional Argentina por un sistema político neocorporativo de representación mixta por gremios y cámaras patronales, supeditando al movimiento obrero a una previa «limpieza ideológica». Para consolidar este esquema, la dictadura aplicó la ley marcial, prohibió el derecho de huelga, persiguió a la militancia radical encarcelando a cientos de sus dirigentes en la penitenciaría de Ushuaia, y fundó la Legión Cívica Argentina. Sin embargo, el proyecto corporativo se desmoronó debido al rechazo de las cúpulas conservadoras «liberales» alineadas con el general Agustín Pedro Justo y al estrepitoso fracaso político en las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires celebradas en abril de 1931, donde la Unión Cívica Radical, sin hacer campaña ni contar con cobertura mediática, se impuso mediante la candidatura de Honorio Pueyrredón.

Ante la derrota electoral bonaerense, el gobierno interrumpió el escrutinio del Colegio Electoral, colocó a Manuel Ramón Alvarado como gobernador de facto de la provincia y, tras contener un levantamiento armado en la Provincia de Corrientes liderado por el teniente coronel Gregorio Pomar, anuló los comicios. Acto seguido, José Félix Uriburu recrudeció la persecución política proscribiendo las candidaturas de todos aquellos dirigentes vinculados al gabinete de Hipólito Yrigoyen, deportando a Honorio Pueyrredón y a Marcelo Torcuato de Alvear, clausurando los locales de la Unión Cívica Radical y convocando a elecciones presidenciales condicionadas para el mes de noviembre de 1931.

La conformación de la Concordancia y la ingeniería del «fraude patriótico»

Frente a la dispersión de las fuerzas políticas de derecha tras la caída del Partido Autonomista Nacional, las agrupaciones conservadoras provinciales se unificaron en una estructura de alcance nacional denominada Partido Demócrata Nacional. Este espacio estuvo conducido por prominentes figuras de la oligarquía como Julio Argentino Roca (hijo), Guillermo Rothe, Manuel Fresco, Rodolfo Moreno, Ricardo Videla y Gilberto Suárez Lago. Para estructurar un frente electoral hegemónico, el Partido Demócrata Nacional formalizó un acuerdo con la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente, dando origen a la alianza denominada la Concordancia.

La Concordancia consagró la fórmula presidencial integrada por el general Agustín Pedro Justo y el conservador Julio Argentino Roca (hijo), luego de rechazar las pretensiones de los socios minoritarios de nombrar a un candidato vicepresidencial no conservador. Ante el veto arbitrario impuesto contra sus principales figuras, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical declaró la abstención electoral revolucionaria. La contienda de noviembre de 1931 se dirimió así entre la fórmula oficialista y la Alianza Civil, compuesta por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que postuló a Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Los comicios estuvieron plagados de irregularidades, adulteración de actas y violencia sistemática en la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Mendoza, consagrando el triunfo de Agustín Pedro Justo con 607.765 votos frente a los 436.125 obtenidos por la Alianza Civil, que únicamente se impuso en la Capital Federal y la Provincia de Santa Fe.

Esta manipulación de los mecanismos institucionales consolidó la doctrina del «fraude patriótico», un entramado de prácticas mediante el cual las cúpulas dirigentes justificaron la alteración sistemática de la voluntad popular con el pretexto de evitar el retorno del radicalismo yrigoyenista al poder estatal. Las metodologías del fraude incluyeron la compra y retención masiva de libretas de alistamiento militar por parte de patronos y punteros políticos, la expulsión o violencia contra fiscales de la oposición en las mesas de votación, la suplantación de identidad de votantes fallecidos, el secuestro de urnas, la falsificación de padrones y la utilización de urnas con doble fondo previamente cargadas con boletas oficialistas.

Salvo en circunscripciones específicas como la Provincia de Santa Fe —donde asumió el gobernador demoprogresista Luciano Molinas—, la Provincia de Entre Ríos —gobernada por el antipersonalista Luis Etchevehere— y la Provincia de Santiago del Estero —bajo el mandato del radical Juan Bautista Castro—, el control territorial de las provincias argentinas quedó hegemonizado por mandatarios del Partido Demócrata Nacional supeditados a la directiva de las redes de patronaje del Poder Ejecutivo Nacional.

Presidencia de Agustín Pedro Justo (1932-1938)

El gobierno del general Agustín Pedro Justo, iniciado el 20 de febrero de 1932, debió afrontar simultáneamente una dura oposición política clandestina y la devastación económica provocada por la contracción del comercio internacional. La Unión Cívica Radical mantuvo una estrategia de insurrección armada que se tradujo en estallidos militares y civiles durante 1933 en la Provincia de Corrientes, la Provincia de Entre Ríos, la Provincia de Misiones y la Provincia de Santa Fe. Tras el fallecimiento de Hipólito Yrigoyen el 3 de julio de 1933 —cuyo sepelio en el cementerio de la Recoleta derivó en una masiva manifestación popular—, la represión oficial se intensificó con el arresto de dirigentes como José Benjamín Ábalos, el confinamiento de la convención radical en la Isla Martín García y el envío de prominentes cuadros políticos al penal de Ushuaia.

En el terreno económico y financiero, la gestión de la Concordancia implementó transformaciones estructurales dirigidas por los ministros Alberto Hueyo y Federico Pinedo. Se creó la Dirección Nacional de Vialidad, conducida por el ingeniero Justiniano Allende Posse, que financió la red troncal de carreteras pavimentadas mediante un impuesto específico sobre los combustibles. A nivel fiscal, el gobierno unificó la recaudación impositiva en favor del Estado nacional mediante un régimen de coparticipación a las provincias y sancionó, de forma inédita y con carácter de emergencia, el impuesto a los réditos.

La dependencia comercial con el mercado británico se agudizó tras la Conferencia de Ottawa de 1932, donde el Reino Unido estableció aranceles preferenciales para sus colonias y dominios en detrimento de la carne argentina. Para amortiguar el impacto sobre los ganaderos de la Sociedad Rural Argentina, el vicepresidente Julio Argentino Roca (hijo) encabezó una misión diplomática a Londres que derivó en la firma del Pacto Roca-Runciman en mayo de 1933. El tratado garantizó una cuota anual de exportación de 390.000 toneladas de carne enfriada a cambio de concesiones bilaterales desproporcionadas: la reserva del 85 % de los fletes de exportación para frigoríficos británicos, la exención de aranceles para el carbón inglés, el trato preferencial a los capitales británicos y el compromiso incondicional de no regular las tarifas de sus ferrocarriles en territorio argentino.

El acuerdo bilateral desató severas denuncias en el Senado de la Nación Argentina, donde el senador Lisandro de la Torre expuso el desvío de divisas, las maniobras de evasión impositiva y la ocultación de documentos por parte de los frigoríficos Anglo, Armour y Swift en complicidad con el ministro de Agricultura Luis Duhau y el ministro de Hacienda Federico Pinedo. La investigación parlamentaria alcanzó su punto crítico el 23 de julio de 1935, cuando el sicario Ramon Valdez Cora perpetró un atentado en pleno recinto del Senado destinado a asesinar a Lisandro de la Torre, provocando en su lugar la muerte del senador electo Enzo Bordabehere. Pese al escándalo institucional, el tratado fue renegociado unilateralmente por el gobierno británico en 1936 bajo el Tratado Malbrán-Eden, el cual impuso aranceles adicionales a la carne argentina.

Paralelamente, la administración de Agustín Pedro Justo sentó las bases de un Estado intervencionista y regulador. Bajo la asesoría del técnico británico Otto Niemeyer, el Congreso sancionó en 1935 las leyes que clausuraron la vieja Caja de Conversión y fundaron el Banco Central de la República Argentina, organismo dirigido en sus inicios por Raúl Prébisch. Asimismo, se crearon juntas reguladoras para controlar el mercado de granos, carnes, algodón, yerba mate, vino y leche, además de promulgarse la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires para proteger los monopolios tranviarios e inmobiliarios de origen británico frente a la emergencia del transporte de colectivos. En materia de política internacional, el canciller Carlos Saavedra Lamas articuló el Pacto antibélico Saavedra Lamas y lideró la mediación que puso fin a la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, labor por la cual fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936.

Presidencia de Roberto Marcelino Ortiz (1938-1940)

Para las elecciones presidenciales de septiembre de 1937, la Concordancia presentó la fórmula integrada por el radical antipersonalista Roberto Marcelino Ortiz y el conservador catamarqueño Ramón S. Castillo. Tras el retorno de Marcelo Torcuato de Alvear al país y el levantamiento de la abstención electoral por parte de la Unión Cívica Radical, el oficialismo recurrió a un despliegue masivo del fraude y la coacción policial en la Provincia de Buenos Aires —bajo el mando de Gustavo Martínez Zuviría como interventor en varias zonas y Manuel Fresco en la gobernación—, la Provincia de Mendoza y la Provincia de Santa Fe, asegurando la consagración de la fórmula oficialista.

Al asumir el Poder Ejecutivo el 20 de febrero de 1938, Roberto Marcelino Ortiz impulsó una política de saneamiento institucional encaminada a erradicar las prácticas antidemocráticas que caracterizaron a la gestión de Agustín Pedro Justo. A pesar de que los comicios legislativos e intermedios de ese año continuaron bajo el control de las maquinarias de fraude en distritos como la Provincia de Buenos Aires, el mandatario promovió activamente la transparencia y restableció relaciones políticas institucionales con gobiernos opositores como los de las provincias de Córdoba y Tucumán.

El instrumento central de su política democratizadora consistió en la aplicación sistemática de la intervención federal contra aquellas provincias cuyos gobernadores accedieron al cargo mediante irregularidades comiciales. En Catamarca, Roberto Marcelino Ortiz anuló las tramposas elecciones organizadas por el gobernador Juan Gregorio Cerezo y envió como interventor al general Rodolfo Martínez Pita. Una medida de igual severidad se aplicó en la Provincia de Buenos Aires, donde el mandatario desplazó al gobernador conservador Manuel Fresco, vetó la victoria del caudillo de Avellaneda Alberto Barceló e instaló a Octavio R. Amadeo en la gobernación de facto para anular los comicios y llamar a nuevas elecciones limpias. De forma similar, la Provincia de Santiago del Estero fue intervenida para neutralizar el control político ejercido por las facciones de Pío Montenegro y Juan Bautista Castro.

En el plano de las relaciones internacionales, la administración de Roberto Marcelino Ortiz adoptó una posición compleja ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Aunque la cancillería encabezada por José María Cantilo ratificó la neutralidad argentina tras la invasión de Polonia, el presidente manifestó una abierta simpatía por la causa de los Aliados. Paradójicamente, en 1938 el propio canciller José María Cantilo había firmado una circular secreta que instruía a los cónsules argentinos en el continente europeo a denegar el otorgamiento de visados a ciudadanos judíos que huían del régimen nazi y la Shoá, si bien el país continuó albergando de forma efectiva a decenas de miles de refugiados que ingresaron tanto de manera legal como irregular.

La delicada salud de Roberto Marcelino Ortiz, severamente aquejado por un cuadro avanzado de diabetes que le provocó la pérdida progresiva de la visión, derivó en una parálisis administrativa agravada por la muerte de su esposa María Luisa Iribarne en abril de 1940. Ese mismo año estalló el Escándalo de las Tierras del Palomar, una maniobra de sobrefacturación en la compra de terrenos para el Ejército Argentino en la que se vieron involucrados legisladores y funcionarios de la Concordancia. Incapacitado para ejercer el mando y sumido en la ceguera, el presidente solicitó una licencia formal en junio de 1940, dejando el ejercicio del Poder Ejecutivo en manos de su vicepresidente, Ramón S. Castillo.

Presidencia de Ramón S. Castillo (1940-1943)

El acceso de Ramón S. Castillo al ejercicio del Poder Ejecutivo implicó una rápida reversión de las medidas de apertura democrática ensayadas por su predecesor. El mandatario restauró de inmediato la aplicación del «fraude patriótico», desmanteló los gabinetes alineados con el ortizismo, disolvió el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires acuciado por denuncias de corrupción y promovió intervenciones federales en provincias con administraciones progresistas o radicales. Tras el rechazo inicial a la renuncia de Roberto Marcelino Ortiz por parte del Senado, el agravamiento irreversible de su enfermedad condujo a su dimisión definitiva el 30 de junio de 1942 y a su posterior fallecimiento el 15 de julio de ese mismo año, consagrando a Ramón S. Castillo como presidente titular.

Durante este período, las consecuencias económicas de la contienda bélica mundial impusieron un aislamiento forzado respecto de los mercados de Estados Unidos y el continente europeo. En respuesta, la gestión estimuló una rápida sustitución de importaciones que consolidó el desarrollo de la industria manufacturera nacional, proceso que en 1943 permitió que las exportaciones industriales superasen por primera vez en la historia económica argentina a las exportaciones del sector agropecuario. En el ámbito fiscal e industrial, el ministro de Hacienda Federico Pinedo presentó en 1940 el denominado Plan Pinedo, un programa de reactivación económica enfocado en el fomento industrial, el crédito estatal para la construcción, la compra de cosechas excedentes y la integración aduanera con la República Federativa del Brasil; sin embargo, el proyecto fue bloqueado en el Congreso por la bancada radical conducida por Amadeo Sabattini.

La política económica de la última etapa de la Década Infame adquirió un profundo matiz estatal y nacionalista. Ramón S. Castillo dispuso la creación de la Flota Mercante del Estado, revocó la concesión del puerto de Rosario manejado por capitales franceses, estatizó la empresa británica Compañía Primitiva de Gas y fundó la Dirección General de Fabricaciones Militares, habilitando la explotación siderúrgica en los Altos Hornos Zapla. En materia de soberanía territorial, el gobierno formalizó sus derechos sobre el territorio continental en la Antártida Argentina mediante exploraciones científicas, balizamiento y la delimitación de límites entre los meridianos 25° y 68°24' O, ejecutando el 8 de noviembre de 1942 la toma de posesión formal en la Isla Decepción bajo la conducción del capitán de fragata Alberto J. Oddera.

En el plano geopolítico, la administración mantuvo una estricta posición de neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial, rechazando las intensas presiones impuestas por el gobierno de Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Para contener el avance de las facciones aliadófilas que exigían la declaración de guerra al Eje, Ramón S. Castillo decretó el estado de sitio permanente e interrumpió las garantías constitucionales de reunión y prensa. Esta política exterior profundizó la fractura interna en el seno del Ejército Argentino, donde convivían sectores proaliados, fuerzas germanófilas y grupos de oficiales neutralistas que recriminaban el aislamiento diplomático del país y el atraso del equipamiento militar respecto de las fuerzas armadas de Brasil.

Transición socioeconómica y surgimiento de la clase obrera industrial

Las transformaciones macroeconómicas operadas a lo largo de la década modificaron radicalmente la estructura social de la Argentina. La paralización del comercio internacional y las medidas de regulación estatal incentivaron la radicación masiva de filiales de empresas multinacionales en el eje geográfico de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe, destacándose firmas de la industria alimentaria como Adams, Royal, Suchard y Quaker; del rubro del caucho como Firestone; del sector eléctrico como Eveready, Osram y Philco; y de la industria textil como Ducilo y Sudamtex. Paralelamente, emergió el capitalismo industrial de matriz nacional con el crecimiento de conglomerados como Siam Di Tella, dedicados a la producción masiva de electrodomésticos y automotores.

De acuerdo con las estadísticas registradas en el primer censo industrial llevado a cabo en 1935, el número de obreros empleados en la actividad manufacturera ascendió de forma acelerada a más de 600.000 trabajadores. Esta expansión del sector secundario se nutrió de un proceso inédito de migración interna, caracterizado por el desplazamiento masivo de grandes contingentes poblacionales desde las áreas rurales empobrecidas del interior del país hacia los cordones periféricos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Este vertiginoso crecimiento de la clase obrera urbana coincidió con importantes avances de la legislación laboral y la organización sindical. En 1936, la movilización de las centrales obreras y la presión de los gremios derivaron en la sanción de la Ley 11.729, que reguló por primera vez el contrato de trabajo, las indemnizaciones por despido y las vacaciones pagas para los empleados del sector servicios. No obstante, el deterioro persistente de los salarios reales, la sobreexplotación en los talleres industriales y las precarias condiciones de habitabilidad en los asentamientos periféricos acrecentaron el descontento de las masas trabajadoras contra la estructura política dominada por las élites conservadoras.

Escándalos y crisis institucional (1942-1943)

Durante el transcurso de 1942, la legitimidad del régimen conservador se desmoronó aceleradamente a raíz de la ventilación pública de sonados episodios de corrupción administrativa y escándalos sociales que la prensa utilizó para denunciar la decadencia del sistema político tradicional. El 4 de septiembre de 1942 se destapó el llamado «escándalo de los niños cantores de la Lotería Nacional», un fraude organizado por los adolescentes encargados de cantar las bolillas en los sorteos oficiales, el cual motivó la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina encabezada por el diputado radical Agustín Rodríguez Araya.

Mayor repercusión e impacto en la opinión pública tuvo el denominado «escándalo de los cadetes», salido a la luz en agosto de 1942. La causa judicial involucró a figuras de las élites porteñas —entre los que figuraron el fotógrafo Jorge Horacio Ballvé Piñeiro, el arquitecto Jorge Duggan y Rómulo Naón (hijo)— acusadas de mantener encuentros afectivo-sexuales con alumnos del Colegio Militar de la Nación. El suceso concluyó con la expulsión de veinte cadetes de la institución castrense y el encarcelamiento de varios civiles bajo cargos de corrupción de menores. Prensa sensacionalista como el diario Ahora, influenciada por sectores de la ultraderecha militar, orquestó una violenta campaña mediática que equiparó las conductas privadas de los implicados con la descomposición ética, la ilegitimidad del gobierno de Ramón S. Castillo y las falencias de la democracia liberal, desencadenando una persecución contra las minorías sexuales que se profundizaría en los años inmediatos.

El progresivo descrédito de la dirigencia política civil afectó igualmente al radicalismo opositor, cuya conducción quedó descabezada tras los sucesivos fallecimientos de sus principales referentes históricos: Marcelo Torcuato de Alvear, Roberto Marcelino Ortiz y el general Agustín Pedro Justo, ocurridos en el estrecho margen de diez meses entre 1942 y 1943. Ante la inminencia del receso presidencial, Ramón S. Castillo pretendió imponer la candidatura oficialista del empresario salteño Robustiano Patrón Costas, máximo exponente del azúcar e integrador del Partido Demócrata Nacional, cuya figura garantizaba la continuidad del régimen del fraude y la alianza con la patronal tradicional.

La candidatura de Robustiano Patrón Costas unificó las resistencias dentro de los mandos de las Fuerzas Armadas de la República Argentina. El 10 de marzo de 1943, un núcleo de oficiales de mediana graduación de ideología nacionalista, neutralista y corporativa fundó la logia secreta Grupo de Oficiales Unidos (GOU). La orden de Ramón S. Castillo de exigir la renuncia de su ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez —quien mantenía contactos secretos con la Unión Cívica Radical para integrar una candidatura de unidad—, actuó como el detonante definitivo del alzamiento militar.

El fin de la etapa: la Revolución del 43

El 4 de junio de 1943 se ejecutó un golpe de Estado militar que avanzó desde los cuarteles de Campo de Mayo sobre la Capital Federal, forzando la rendición incondicional de Ramón S. Castillo y poniendo un punto final definitivo a la etapa histórica de la Década Infame. Las tropas insurrectas tomaron la Casa Rosada instituyendo una junta militar que dio origen a la denominada Revolución del 43, proceso dictatorial que catapultó al poder sucesivamente a los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell.

El nuevo régimen militar disolvió el Congreso de la Nación Argentina, decretó la intervención federal de la totalidad de las provincias, proscribió a los partidos políticos y dio comienzo a un profundo reordenamiento de la administración pública nacional y de las relaciones laborales con el movimiento obrero.

La historiografía argentina ha denominado de forma diversa a este período de trece años transcurrido entre los golpes de Estado de 1930 y 1943. Mientras que la terminología acuñada por el periodista José Luis Torres como «Década Infame» fue adoptada de manera extendida por corrientes de interpretación vinculadas al radicalismo, el peronismo y el socialismo, otros análisis académicos la conceptualizan bajo los términos de «restauración neoconservadora», «segunda república conservadora» o la «República imposible».

Resumen

La Década Infame (1930-1943) constituye un período crucial de la historia institucional argentina iniciado el 6 de septiembre de 1930 con el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen a manos del general José Félix Uriburu y clausurado el 4 de junio de 1943 mediante el golpe de Estado de la Revolución del 43 que depuso al conservador Ramón S. Castillo. El período se caracterizó institucionalmente por la vulneración sistemática del orden democrático a través de la doctrina del «fraude patriótico», la persecución a la Unión Cívica Radical y la consolidación de la Concordancia, una alianza política hegemónica entre el Partido Demócrata Nacional, el Partido Socialista Independiente y el radicalismo antipersonalista que gobernó bajo las presidencias de Agustín Pedro Justo, Roberto Marcelino Ortiz y Ramón S. Castillo.

En el plano económico, el ciclo estuvo marcado por la respuesta estatal a los estragos de la Gran Depresión mediante el viraje hacia un modelo estatista e intervencionista. Entre los hitos centrales de la etapa destacan la firma del polémico Pacto Roca-Runciman con el Reino Unido, la creación de juntas reguladoras de la producción y la fundación del Banco Central de la República Argentina. Simultáneamente, el aislamiento de los mercados internacionales aceleró el proceso de industrialización por sustitución de importaciones y desencadenó intensas migraciones internas hacia la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, dando origen a una renovada clase obrera industrial que transformaría la estructura social del país en las décadas posteriores.

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