Triple A

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA) fue una organización parapolicial de ultraderecha fundada por José López Rega durante el gobierno del presidente Juan Domingo Perón y continuada bajo la presidencia interina de María Estela Martínez de Perón. Esta agrupación, que contó con el apoyo de la logia italiana Propaganda Due, operó como un escuadrón de la muerte, asesinando a numerosas figuras de izquierda y opositores políticos entre 1973 y 1976. Integrada por peronistas, antiperonistas y delincuentes comunes, la AAA desempeñó un papel crucial en el contexto político violento que precedió al golpe militar de 1976, asesinando o desapareciendo a centenares de personas. Sus acciones fueron posteriormente calificadas como delitos de lesa humanidad por autoridades judiciales argentinas.

Antecedentes

El historiador Osvaldo Bayer y el investigador Atilio Borón han destacado que la Triple A tiene antecedentes en las bandas parapoliciales surgidas a principios del siglo XX, tras el Decreto Ley de Defensa Social. Estos grupos se involucraron en masacres conocidas como el Grito de Alcorta y la Semana Trágica, así como en la masacre de la Fábrica Vasena.

Las bandas parapoliciales mencionadas actuaban con apoyo o realización directa de organizaciones como las Ligas Patrióticas Argentinas. Estos antecedentes formaron parte del ambiente violento y polarizado que prevaleció durante décadas, sentando las bases para la aparición de estructuras similares en años posteriores.

Durante este período, surgieron movimientos radicales tanto de derechas como de izquierdas, lo cual intensificó el clima de confrontación política. Estas circunstancias influyeron significativamente en la formación y desarrollo de agrupaciones parapoliciales que operarían bajo diversas denominaciones hasta culminar con la creación de la Triple A.

Orígenes

José López Rega comenzó a formar la Triple A en 1973, cuando fue nombrado ministro de Bienestar Social por Héctor J. Cámpora. En torno a él se agruparon militantes que deseaban eliminar a los sectores izquierdistas del movimiento peronista, incluyendo ex miembros de la Juventud Federal y otros grupos derechistas. López Rega creó la Juventud Peronista República Argentina (JPRA) para tener un aparato propio capaz de enfrentar directamente a las agrupaciones de izquierda.

Trabajadores del Ministerio y militantes de la JPRA comenzaron a simular atentados atribuidos a Montoneros, lo que les permitía ganar apoyo dentro del organismo. En el depósito subterráneo conocido como "microcine" se almacenaban armas para estos grupos parapoliciales. Manuel de Anchorena, designado embajador en Reino Unido, logró traer doscientos subfusiles Sten MKII a través de la Dirección de Administración del Ministerio.

Sobre el origen del nombre Triple A existen diversas teorías. Algunas sugieren que López Rega, con su inclinación esotérica, lo eligió basándose en un supuesto desarrollo moral humano asociado con los vértices magnéticos del triángulo de la Triple A. Otras versiones indican que surgió como resultado de un acuerdo entre dos facciones que propusieron distintas acepciones para el nombre, siendo finalmente adoptada la denominación Alianza Anticomunista Argentina.

Organización

José López Rega creó y dirigió la Triple A para combatir a los sectores izquierdistas del movimiento peronista. Con apoyo del comisario general jefe de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizó esta estructura durante el gobierno interino de Raúl Lastiri en 1973. López Rega desvió fondos del Ministerio de Bienestar Social para financiar a la organización y proporcionar armamento.

La Triple A operaba desde oficinas que variaban según las necesidades de seguridad, evitando ser descubierta por autoridades judiciales o militares. Entre sus lugares de operaciones estuvo la revista derechista El caudillo, hasta su evacuación debido a una investigación judicial. Posteriormente, se mudaron a un edificio en calle Lavalle cerca del centro de Buenos Aires.

A mediados de 1974, tras el fallecimiento de Juan Domingo Perón, López Rega continuó influyendo sobre la presidenta María Estela Martínez de Perón, utilizando su posición para mantener y expandir las operaciones ilegales de la Triple A.

Métodos

La Triple A operaba mediante una serie de métodos que variaban según las circunstancias y los objetivos específicos. En muchos casos, sus miembros arrestaban a militantes populares o sindicalistas en sus domicilios o en la calle, presentándose como agentes policiales uniformados o civiles. Estas personas eran luego encontradas asesinadas con múltiples impactos de bala. La organización también empleaba ataques con bombas y ráfagas de subfusil para atacar a sus objetivos.

La escalada de violencia llevó a la Triple A a incorporar métodos aún más brutales, como secuestros y violaciones de mujeres, así como ejecuciones sumarias. La organización también practicaba la eliminación completa de familias enteras como forma de castigo colectivo. Además, los miembros de la Triple A usaban explosivos para volar a sus víctimas, causando muertes masivas y terror en la población.

En 1974, con la asunción de Alberto Villar al mando operativo, la organización se transformó en un escuadrón de la muerte más formalizado, conocido como "Los Centuriones", integrado por cien policías. Este cambio marcó el punto culminante del poder y la crueldad de la Triple A durante su existencia.

Fin de sus actividades

En 1976, tras la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la Triple A entró en decadencia y finalmente cesó su actividad. El golpe militar que derrocó a Isabel Martínez puso fin al período durante el cual la organización operaba con cierto grado de impunidad y apoyo oficial. Posteriormente, muchos miembros de la Triple A fueron detenidos o tuvieron que huir del país para evitar ser juzgados por sus acciones.

Tras su desaparición formal, la Triple A dejó un vacío en las estrategias de represión ilegal y terrorismo de Estado. Sin embargo, surgieron nuevos grupos similares que continuaron con prácticas semejantes a las empleadas por la Triple A, aunque bajo estructuras organizativas distintas.

En 1978, el juez federal Norberto Oyarbide calificó las acciones de la Triple A como delitos de lesa humanidad, una determinación que fue confirmada por la Cámara Federal en 2008. Estos reconocimientos legales reflejan la gravedad y extensión de los crímenes cometidos durante su existencia.

Debate acerca del papel de Perón en la creación de la Triple A

El debate sobre el papel de Juan Domingo Perón en la formación de la Triple A es controvertido y complejo. Algunos historiadores sostienen que Perón tuvo conocimiento directo o indirecto del surgimiento de esta organización, argumentando que su tolerancia hacia grupos ultraderechistas permitió su crecimiento. Otros investigadores, en cambio, defienden que Perón desconocía la existencia de la Triple A hasta su muerte en julio de 1974, atribuyendo su fundación y expansión a José López Rega.

A lo largo del gobierno de Perón, desde octubre de 1973 hasta su fallecimiento un año después, las acciones violentas contra simpatizantes izquierdistas aumentaron significativamente. Sin embargo, la evidencia directa que vincule al líder peronista con la Triple A es limitada y controvertida. Mientras algunos sostienen que Perón veía a la organización como un mecanismo para contener a las facciones de izquierda dentro del movimiento, otros argumentan que su influencia sobre Isabel Martínez de Perón después de su muerte fue decisiva para mantener el apoyo oficial a la Triple A.

En 1974, tras la muerte de Perón, María Estela Martínez asumió la presidencia y José López Rega continuó desempeñando un papel crucial en la administración. Durante este período, se afirma que Isabel permitió el crecimiento de la Triple A como una herramienta para mantener su control sobre los sectores más radicales del movimiento peronista, aunque esta posición también es objeto de debate entre los historiadores y analistas políticos.

Denuncias

La Triple A fue objeto de denuncias que documentaban su brutalidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Testimonios recogidos por organismos de derechos humanos describieron cómo la organización secuestraba, torturaba y asesinaba a sus víctimas sin juicio previo. Estas acciones incluían ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas contra mujeres, causando pánico en toda la sociedad argentina.

En 1974, el juez federal Norberto Oyarbide inició investigaciones que llevaron a la identificación de varios miembros clave de la Triple A. Estas acciones judiciales fueron cruciales para exponer las actividades ilegales de la organización y sentar las bases para futuros procesos legales contra sus responsables.

Como resultado de estas denuncias, en 2006 Oyarbide calificó las acciones de la Triple A como delitos de lesa humanidad. Esta determinación fue confirmada por la Cámara Federal en 2008, sentando un precedente legal importante para el juicio a los responsables de violaciones de derechos humanos durante ese período.

Causas judiciales

La Triple A fue objeto de varias causas judiciales que documentaron su brutalidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Testimonios recogidos por organismos de derechos humanos describieron cómo la organización secuestraba, torturaba y asesinaba a sus víctimas sin juicio previo. Estas acciones incluían ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas contra mujeres, causando pánico en toda la sociedad argentina.

En 2006, el juez federal Norberto Oyarbide calificó las acciones de la Triple A como delitos de lesa humanidad, una determinación que fue confirmada por la Cámara Federal en 2008. Estas decisiones judiciales sentaron un precedente importante para los procesos posteriores contra responsables de violaciones a derechos humanos durante el período de represión ilegal y terrorismo de Estado en Argentina.

Investigaciones

La Triple A fue objeto de varias investigaciones que documentaron su brutalidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Testimonios recogidos por organismos de derechos humanos describieron cómo la organización secuestraba, torturaba y asesinaba a sus víctimas sin juicio previo. Estas acciones incluían ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.

En 1974, el juez federal Norberto Oyarbide inició investigaciones que llevaron a la identificación de varios miembros clave de la Triple A. Estos esfuerzos judiciales fueron cruciales para exponer las actividades ilegales de la organización y sentar las bases para futuros procesos legales contra sus responsables.

Las indagaciones posteriores permitieron establecer que la Triple A contaba con el apoyo financiero de la logia italiana Propaganda Due, lo cual complicó aún más los esfuerzos por desmantelarla y juzgar a sus miembros.

Conexiones con la logia masónica Propaganda Due

La Triple A mantuvo conexiones estrechas con la logia masónica italiana Propaganda Due (P2), un grupo que desempeñó un papel significativo en el financiamiento y apoyo de la organización argentina. Estos vínculos proporcionaron a la Triple A recursos esenciales para su expansión y operaciones, incluyendo fondos necesarios para adquirir armamento y mantener estructuras clandestinas. La logia P2 jugó un papel crucial al facilitar redes financieras que permitieron a la Triple A evadir controles estatales y operar con cierto grado de impunidad durante su existencia.

La colaboración entre ambas organizaciones fue clave para fortalecer la capacidad de la Triple A para realizar acciones ilegales, incluyendo secuestros, asesinatos y otros delitos violentos contra opositores políticos. Estos vínculos ilícitos complicaron las investigaciones judiciales posteriores, al dificultar la identificación completa de los recursos utilizados por la Triple A en sus actividades criminales.

Las indagaciones posteriores permitieron establecer que la Triple A contaba con el apoyo financiero de la logia italiana Propaganda Due. Esta asociación representó un obstáculo importante para las autoridades encargadas de desmantelar a la organización y juzgar a sus responsables, al tiempo que contribuyó a su capacidad para operar como una estructura parapolicial altamente efectiva durante el período en cuestión.

Detención

La detención de miembros clave de la Triple A comenzó en 1974, cuando el juez federal Norberto Oyarbide inició investigaciones que llevaron a identificar y procesar a varios integrantes de la organización. Estas acciones judiciales fueron cruciales para exponer las actividades ilegales de la Triple A y sentar las bases para futuros procesos legales contra sus responsables. Entre los detenidos estuvieron miembros operativos como el comisario general jefe Alberto Villar, quien asumió la jefatura del grupo parapolicial en ese año.

Tras la caída del régimen de Isabel Martínez de Perón en 1976, muchos exmiembros de la Triple A fueron detenidos o tuvieron que huir para evitar ser juzgados por sus acciones. La desaparición formal de la organización dejó un vacío en las estrategias de represión ilegal y terrorismo de Estado, lo cual permitió a otros grupos similares surgir bajo estructuras organizativas distintas.

Un hecho concreto que ilustra esta situación fue el arresto del propio José López Rega, fundador de la Triple A, en 1976 después del golpe militar.

Resumen

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA) surgió en 1973 bajo la influencia política del ministro José López Rega, quien buscaba eliminar la oposición izquierdista dentro del movimiento peronista. Con apoyo financiero y logístico de la logia italiana Propaganda Due, la AAA se formó como una organización parapolicial compuesta por diversos grupos, incluyendo ex militantes de diferentes agrupaciones políticas y miembros de las fuerzas policiales y militares argentinas. Su fundación respondía a un deseo de combatir activamente a los sectores izquierdistas del peronismo mediante la violencia y el terror.

La operativa de la AAA tuvo graves consecuencias, incluyendo la desaparición forzada y asesinato de entre 700 y 1.100 personas, así como el exilio forzado de numerosos artistas e intelectuales. Sus acciones fueron clasificadas como delitos de lesa humanidad por el juez Norberto Oyarbide en 2006, confirmación que la Cámara Federal ratificó dos años después. El legado de esta organización terrorista ha dejado profundas huellas en la historia argentina, marcando un período oscuro caracterizado por la violencia estatal y el miedo generalizado entre los sectores opositores al régimen.

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