Segundo gobierno de Juan Domingo Perón

El segundo gobierno de Juan Domingo Perón, iniciado el 4 de junio de 1952 tras haber obtenido el sesenta y dos por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del año anterior, transcurrió en un escenario significativamente más complejo y conflictivo que el de su primer mandato. Esta segunda gestión estuvo marcada por el fin de la bonanza económica de la posguerra, la aparición de una severa crisis agropecuaria e industrial, el racionamiento de productos de primera necesidad y un acelerado deterioro del clima político institucional. La desaparición física de Eva Perón el 26 de julio de 1952 privó al régimen de su articuladora social más influyente, acentuando la personalización del poder y la rigidez de la estructura gubernamental en un contexto de creciente descontento popular y oposición sindical.

Durante este período, el gobierno intentó reorientar su estrategia macroeconómica mediante la implementación del Segundo Plan Quinquenal y el Plan Económico de Coyuntura de 1952, los cuales introdujeron medidas de austeridad fiscal, congelamiento de precios y salarios, e incentivos a la llegada de capitales extranjeros. Sin embargo, estos esfuerzos pragmáticos convivieron con una extrema polarización social, caracterizada por atentados terroristas de la oposición, intentonas golpistas, acciones represivas del Estado y episodios de violencia abierta perpetrados por turbas oficialistas. La escalada de violencia, sumada a un irreversible enfrentamiento con la Iglesia Católica y sectores de las Fuerzas Armadas, culminó en septiembre de 1955 con un golpe de Estado cívico-militar que derrocó a Juan Domingo Perón e instauró la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.

Crisis económica, inflación y escasez de alimentos

Hacia 1951 y 1952, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones financiado mediante la transferencia de recursos del sector agropecuario dio muestras evidentes de agotamiento. Una sucesión de severas sequías afectó drásticamente la producción agrícola y ganadera de la región pampeana, provocando un colapso en las exportaciones y una drástica caída de las reservas de divisas en el Banco Central de la República Argentina. La falta de insumos importados paralizó diversos sectores industriales, mientras que la inflación acumulada erosionó el salario real de los trabajadores, desatando las primeras huelgas independientes en gremios clave como el ferroviario, las cuales fueron severamente reprimidas por el gobierno mediante la aplicación de la Ley de Residencia y movilizaciones militares.

Para hacer frente a la crisis, el ministro de Economía Alfredo Gómez Morales diseñó el Plan Económico de Coyuntura de 1952, un programa de estabilización estricto que priorizó la austeridad, redujo el gasto público e impuso el congelamiento salarial por dos años. La crisis de balanza de pagos generó un desabastecimiento generalizado de productos básicos en los centros urbanos, obligando al gobierno a implementar medidas drásticas de racionamiento. Se instituyeron los "días sin carne" para preservar los saldos exportables y se popularizó el consumo del denominado "pan negro", elaborado con harina de mijo o centeno debido a la falta de trigo. Aunque el plan de estabilización logró contener temporalmente la inflación y recuperar el superávit comercial hacia 1953, el costo social y el malestar de los consumidores mellaron la base de apoyo popular del régimen.

El Segundo Plan Quinquenal y la apertura al capital extranjero

La necesidad de reestructurar la economía nacional llevó a la promulgación del Segundo Plan Quinquenal en 1953, una iniciativa legislativa que buscó corregir los desequilibrios del esquema previo priorizando el desarrollo de la industria pesada, la siderurgia, la extracción hidrocarburífera y la infraestructura energética. En este marco, el Estado fomentó la creación de empresas emblemáticas como SOMISA para la producción de acero y consolidó la expansión de la firma Siam, al tiempo que promovió la fabricación nacional de tractores y automóviles a través de IAME en la provincia de Córdoba. No obstante, el gobierno reconoció que el capital nacional era insuficiente para financiar los bienes de capital requeridos para la autarquía energética.

Este diagnóstico motivó un cambio doctrinario drástico con la sanción de la Ley de Inversiones Extranjeras catorce mil doscientos veintidós en 1953, orientada a radicar empresas transnacionales en el país. El punto más controvertido de esta política fue la firma de un contrato en 1955 con la compañía estadounidense Standard Oil de California para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en la provincia de Santa Cruz. Esta medida desencadenó severas críticas no solo de la oposición integrada por la Unión Cívica Radical, sino también de sectores nacionalistas dentro del propio movimiento oficialista y de las Fuerzas Armadas, que interpretaron el acuerdo como una entrega de la soberanía nacional que contradecía las banderas históricas de la independencia económica.

Muerte de Eva Perón y radicalización del culto a la personalidad

El 26 de julio de 1952 se produjo el fallecimiento de Eva Perón a causa de un cáncer uterino, un hecho que conmovió profundamente a la sociedad argentina y privó al gobierno de su figura política de mayor arraigo en las clases populares y en la Confederación General del Trabajo. Su muerte desencadenó un luto oficial prolongado y una acentuación sin precedentes del culto a la personalidad de los líderes del régimen. Por disposición legislativa, la ciudad de La Plata fue rebautizada como Ciudad Eva Perón, el territorio nacional del Chaco pasó a denominarse Provincia Eva Perón, y la lectura de su obra autobiográfica, La razón de mi vida, fue declarada de enseñanza obligatoria en todos los niveles del sistema educativo primario y secundario.

Esta sacralización de la figura presidencial y de su difunta esposa vino acompañada de un férreo control sobre los medios de comunicación y la esfera pública. El Estado afianzó su monopolio sobre la cadena nacional de radiodifusión, adquirió directa o indirectamente la mayoría de los periódicos y revistas del país, y clausuró publicaciones independientes. Los empleados públicos, docentes y miembros del poder judicial fueron presionados para afiliarse al Partido Peronista y portar la simbología oficialista como condición imprescindible para conservar sus puestos de trabajo, lo que profundizó el resentimiento de las clases medias urbanas y de los profesionales universitarios frente a la percibida fascistización de las instituciones públicas.

Atentados terroristas, conspiraciones militares y violencia oficialista

El clima político durante el segundo mandato estuvo atravesado por episodios recurrentes de violencia política y clandestinidad. Como antecedente directo, el intento de golpe de Estado encabezado por el general Benjamín Menéndez en septiembre de 1951 había llevado al gobierno a declarar el "estado de guerra interno", una figura jurídica que otorgó facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para arrestar sin juicio a dirigentes opositores. La oposición cívica, imposibilitada de expresarse a través de los medios masivos o del parlamento, recurrió a la formación de "comandos civiles", células clandestinas integradas por militantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y sectores conservadores que ejecutaron actos de sabotaje y violencia urbana.

El punto de máxima tensión terrorista ocurrió el 15 de abril de 1953, cuando varios artefactos explosivos colocados por comandos civiles pertenecientes a la juventud radical estallaron en la estación Plaza de Mayo del subterráneo y en los alrededores de la plaza mientras Juan Domingo Perón pronunciaba un discurso ante una multitud convocada por la Confederación General del Trabajo, dejando un saldo de seis personas muertas y más de noventa heridos. La respuesta de los grupos de choque oficialistas fue inmediata e incontrolada: esa misma noche, ante la pasividad policial, bandas armadas pertenecientes a la Alianza Libertadora Nacionalista e incendiaron la sede del Jockey Club, la Casa del Pueblo del Partido Socialista y las sedes centrales de la Unión Cívica Radical y del Partido Demócrata. Este evento inició una ola de detenciones masivas contra figuras de la cultura y la política como Ricardo Balbín, Alfredo Palacios y Victoria Ocampo.

Ruptura con la Iglesia Católica y escalada legislativa

A partir de 1954, la relación entre el gobierno y la Iglesia Católica —que había sido un pilar fundamental para la legitimación inicial del peronismo en 1946— se deterioró irremediablemente. El conflicto surgió por el malestar eclesiástico ante la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios, un organismo estatal impulsado por el Poder Ejecutivo para encuadrar a la juventud que disputaba la influencia de la Acción Católica, así como por los constantes intentos del oficialismo de colocar la figura de Eva Perón por encima de la jerarquía eclesiástica. En sus discursos públicos, Juan Domingo Perón comenzó a denunciar abiertamente a sacerdotes y obispos acusándolos de conspirar contra el pueblo y apoyar a los sectores oligárquicos.

En respuesta a la postura de la jerarquía eclesiástica, el Congreso de la Nación, controlado por el oficialismo, aprobó en pocos meses una serie de leyes abiertamente anticlericales. Se promulgó la Ley catorce mil trescientos noventa y cuatro, que introdujo el divorcio vincular en la legislación argentina, se suspendió la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas, se equipararon los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio y se autorizó mediante decreto la apertura de prostíbulos. El conflicto alcanzó su cima el 11 de junio de 1955, cuando la tradicional procesión de Corpus Christi se transformó en una multitudinaria manifestación política de la oposición antiperonista. Días después, el gobierno expulsó del país a los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa, lo que motivó que la Santa Sede decretara la excomunión de los responsables de la medida.

El bombardeo a la Plaza de Mayo y la quema de templos de junio de 1955

El 16 de junio de 1955, la violencia política alcanzó un trágico clímax cuando unidades de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea, apoyadas por comandos civiles en tierra, perpetraron un ataque masivo con bombas y ametralladoras contra la Casa Rosada y la Plaza de Mayo con el objetivo explícito de asesinar a Juan Domingo Perón y convocar a un gobierno provisional. El presidente, alertado del levantamiento, se refugió en el subsuelo del Ministerio de Guerra. El bombardeo aéreo, ejecutado en varias oleadas sobre una población civil indefensa que circulaba por el centro porteño, se convirtió en una de las mayores masacres de la historia argentina, causando la muerte de más de trescientas personas y dejando más de ochocientos heridos.

A pesar de que las tropas leales del Ejército sofocaron la rebelión militar y obligaron a los aviadores golpistas a huir hacia el Uruguay, la respuesta oficialista desató una nueva escalada de destrucción. Durante la noche del mismo 16 de junio, grupos organizados del peronismo atacaron e incendiaron la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Palacio Arzobispal y los históricos templos de Santo Domingo, San Francisco, San Ignacio, San Miguel y La Merced, destruyendo incunables y patrimonio histórico inestimable sin que las fuerzas policiales ni los bomberos intervinieran para detener los destrozos. Este trágico episodio fracturó de manera irreversible el entramado social y anuló cualquier posibilidad de conciliación política.

El golpe de Estado de septiembre de 1955 y el derrocamiento

En los meses de julio y agosto de 1955, el gobierno intentó articular una tregua política ofreciendo el uso de los medios de comunicación a los líderes opositores como Arturo Frondizi, pero el nivel de polarización y el resentimiento acumulado hicieron imposible el diálogo. Ante la intransigencia opositora, Juan Domingo Perón retiró su oferta de pacificación el 31 de agosto y pronunció un violento discurso desde los balcones de la Casa Rosada ante la Confederación General del Trabajo, afirmando que "por cada uno de los nuestros que caiga caerá cinco de ellos", lo que fue interpretado por las Fuerzas Armadas como un llamamiento inminente a la guerra civil y al armamento de milicias obreras.

El 16 de septiembre de 1955, estalló en la provincia de Córdoba un alzamiento militar coordinado, encabezado por el general Eduardo Lonardi, al que se sumaron la Marina de Guerra bajo el mando del almirante Isaac Rojas y unidades del Ejército en el interior del país dirigidas por el general Pedro Eugenio Aramburu. Ante la amenaza de la flota naval de bombardear las destilerías de YPF en Ensenada y la Ciudad de Buenos Aires, y con el fin de evitar un derramamiento de sangre a gran escala, Juan Domingo Perón renunció a la presidencia el 19 de septiembre, entregando el mando a una junta militar provisional. Días después, el líder derrocado se asiló en la cañonera paraguaya ARA 17 de Octubre, dando inicio a un largo exilio de dieciocho años y cediendo el poder a la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que proscribió al movimiento peronista y desmontó gran parte de su andamiaje legal e institucional.

Resumen

El segundo gobierno de Juan Domingo Perón estuvo signado por la transición desde la bonanza económica inicial hacia una profunda crisis de balanza de pagos e inflación que obligó a implementar planes de austeridad, el racionamiento de bienes básicos y una apertura pragmática al capital extranjero mediante el Segundo Plan Quinquenal. La desaparición física de Eva Perón aceleró la sacralización ideológica del régimen y el endurecimiento del control estatal sobre la prensa y la vida civil, al tiempo que la oposición intensificó su accionar mediante conspiraciones militares y atentados terroristas contra la población. La trágica espiral de violencia —evidenciada en la quema de sedes opositoras en 1953, el sangriento bombardeo a la Plaza de Mayo y la quema de templos religiosos en junio de 1955— culminó el 16 de septiembre de 1955 con el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, que derrocó al presidente, forzó su exilio e instauró un extenso período de proscripción política en la República Argentina.

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