Virreinato del Río de la Plata

El Virreinato del Río de la Plata constituyó una entidad político-territorial erigida por la Corona española como parte integrante del Imperio español en el continente americano. Su fundación responde a una decisión del rey Carlos III, recomendada por su secretario de Indias, José de Gálvez y Gallardo, mediante la cual se dispuso su creación provisional el 1 de agosto de 1776 y su establecimiento definitivo y permanente el 27 de octubre de 1777. La capitalidad del nuevo virreinato fue otorgada a la ciudad de Buenos Aires, un centro urbano que hasta ese momento poseía una importancia relativa dentro del esquema colonial hispano.

La trascendencia histórica de esta entidad radica en su rol como eje defensivo, administrativo y comercial de la Corona en el Cono Sur, así como en las complejas dinámicas que derivaron en su posterior fragmentación. La agitación política registrada en las provincias interiores a partir de 1809 desembocó en el movimiento revolucionario de 1810 en Buenos Aires, hecho que marcó el inicio formal de la guerra de la independencia argentina y detonó la segregación del virreinato respecto del poder imperial español, dando paso a su definitiva disolución y división territorial.

Ubicación territorial y causas de su creación

El Virreinato del Río de la Plata nació como resultado directo de una escisión de la jurisdicción del Virreinato del Perú. Su vasto territorio integró las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, junto con el corregimiento de Cuyo —que con anterioridad pertenecía a la Capitanía General de Chile— y los corregimientos de la provincia de Charcas. La demarcación territorial comprendía los espacios geográficos que en la actualidad forman parte de la República Argentina (incluidas las Islas Malvinas), la República Oriental del Uruguay, la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, abarcaba sectores que a partir de la segunda mitad del siglo XIX pasaron a la soberanía de la República Federativa del Brasil, áreas del norte de la República de Chile y zonas del sureste de la República del Perú. Fuera del continente americano, la jurisdicción virreinal incluyó las islas africanas de Fernando Poo (actual Bioko) y Annobón en la República de Guinea Ecuatorial, las cuales fueron cedidas por la Corona de Portugal a España en 1777. Emplazado en el Cono Sur sobre el océano Atlántico, ha existido debate historiográfico sobre si en algún período llegó a poseer costas en el océano Pacífico sur.

Diversos factores motivaron a la Corona a estructurar esta nueva entidad administrativa. La inmensa extensión geográfica del Virreinato del Perú dificultaba gravemente el ejercicio del gobierno y la fiscalización burocrática, haciendo indispensable una división territorial. A ello se sumaba la constante presión expansionista de Portugal sobre la Banda Oriental, manifestada en la ocupación de la Colonia del Sacramento y las Misiones Orientales, así como en los avances fronterizos en la demarcación hispano-portuguesa. Del mismo modo, resultaron determinantes el paulatino ascenso económico de Buenos Aires como núcleo comercial, la relevancia estratégica del estuario del Río de la Plata como puerto defensivo y vía de acceso hacia el interior continental, y la amenaza que representaban las incursiones navales de Gran Bretaña y Francia sobre las costas de la Patagonia.

Transformaciones en el comercio colonial y la Ruta del Galeón

Desde el año 1573, el intercambio mercantil entre la metrópoli y sus colonias americanas estuvo regido por el monopolio instaurado bajo la denominación oficial de la Ruta del Galeón. Este itinerario operaba mediante dos flotas anuales dirigidas a la Nueva España y a Tierra Firme. Las remesas metálicas y bienes valiosos procedentes del Virreinato del Perú partían habitualmente desde el puerto del Callao hacia Panamá, desde donde se transportaban por vía terrestre hacia Portobelo. Las armadas de galeones navegaban posteriormente por el mar Caribe haciendo escala en Cartagena de Indias, Santa Marta y Santo Domingo, para emprender el cruce atlántico rumbo al puerto de Sevilla, único punto autorizado para el embarque y desembarque hasta 1765. Las mercancías europeas realizaban este trayecto a la inversa, siendo conducidas a lomo de mula a través de Potosí hasta alcanzar Buenos Aires.

El 21 de noviembre de 1739, fuerzas militares británicas capturaron y destruyeron las fortificaciones de Portobelo, demostrando la fragilidad del esquema tradicional. Frente a esta vulnerabilidad, la Corona española comenzó a oficializar una ruta mercantil alternativa que ya era empleada para el contrabando: el Camino Real, que conectaba el Alto Perú con Salta, Córdoba y el puerto de Buenos Aires. Para gravar fiscalmente los bienes que transitaban entre las regiones del Plata y el área peruana, se había establecido desde 1662 la Aduana Seca de Córdoba, imponiendo un gravamen del cincuenta por ciento a las mercancías. La necesidad de proteger el estuario rioplatense frente a eventuales agresiones externas reforzó la exigencia de afianzar la presencia institucional en la zona.

Las reformas económicas impulsadas por la Casa de Borbón alcanzaron un hito fundamental cuando el rey Carlos III promulgó en 1778 el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias. Esta normativa abolió el monopolio anterior y habilitó veinticinco puertos en América y trece en España, otorgando la franquicia comercial a Buenos Aires y Montevideo. Adicionalmente, en 1795 se autorizó el comercio con colonias de potencias no españolas y se permitió la navegación de embarcaciones matriculadas en los dominios americanos hacia territorio peninsular, reestructurando las dinámicas económicas virreinales.

Proceso de creación y la expedición de Pedro de Cevallos

La génesis del virreinato austral se remonta a octubre de 1773, cuando el monarca Carlos III requirió informes a las autoridades coloniales para evaluar la instalación de una audiencia en Tucumán. En respuesta a dicha solicitud, el virrey del Perú, Manuel de Amat y Junient, sugirió en enero de 1775 la conveniencia de restituir la audiencia de Buenos Aires y erigir un virreinato con sede central en Chile que incorporase las provincias rioplatenses. No obstante, el estallido de un conflicto armado con Portugal en abril de 1776 —producido tras el ataque comandado por Johann Heinrich Bohm a los fuertes de Santa Bárbara y Trinidad, y la consecuente recuperación de Río Grande— alteró los planes de la Corona e impulsó la creación de la nueva entidad con sede directa en el Río de la Plata.

El 27 de julio de 1776, el teniente general Pedro de Cevallos fue designado comandante de la expedición militar organizada en Cádiz y se le confirieron las atribuciones de virrey y capitán general sobre las provincias de la Real Audiencia de Charcas y el corregimiento de Cuyo. La real cédula instauró un gobierno personal de carácter extraordinario y militar mientras durara la expedición, dispensando a Cevallos de las formalidades estipuladas por las Leyes de Indias. La escuadra española, compuesta por 116 navíos, partió de Cádiz el 13 de noviembre de 1776 con el propósito de recuperar los territorios ocupados por las fuerzas lusitanas.

Durante la campaña, la jurisdicción del virreinato incluyó áreas que en la actualidad forman parte de los estados brasileños de Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso del Sur. Pedro de Cevallos inició las operaciones militares en febrero de 1777 desalojando a los portugueses de la Isla de Santa Catalina (donde nombró gobernador al teniente coronel Juan Roca), la Colonia del Sacramento (la cual fue completamente arrasada), la Fortaleza de Santa Teresa y el Fuerte de San Miguel. La ofensiva terrestre se interrumpió en septiembre de 1777 al iniciarse las negociaciones diplomáticas de paz.

Las acciones armadas concluyeron con la firma del Tratado de San Ildefonso el 1 de octubre de 1777 entre las coronas de España y Portugal. Mediante este instrumento diplomático, el Imperio español consolidó su soberanía sobre la Colonia del Sacramento y la Isla San Gabriel, pero cedió de forma definitiva la Isla de Santa Catalina y el territorio de Río Grande al norte de la Banda Oriental, zonas cuya ocupación lusitana se retrotraía al Tratado de Madrid de 1750. A cambio, España obtuvo las islas de Annobón y Fernando Poo en el golfo de Guinea.

Institucionalización y régimen de intendencias

Tras la conclusión de la contienda, Pedro de Cevallos ingresó a Buenos Aires y dictó el Auto de libre internación el 6 de noviembre de 1777, autorizando el comercio directo de la capital virreinal con Chile y el Perú. Previamente, el 8 de julio de aquel año, había decretado que la salida de metales preciosos sin amonedar debía efectuarse de manera exclusiva por el puerto bonaerense. El 27 de octubre de 1777, el rey Carlos III emitió la real cédula que constituyó formalmente el Virreinato del Río de la Plata de manera definitiva. Cevallos entregó el mando de la jurisdicción al nuevo virrey, el teniente general Juan José de Vértiz y Salcedo, el 28 de junio de 1778. Asimismo, en octubre de 1777 se nombró a Manuel Ignacio Fernández como intendente de la Real Hacienda para la administración de las rentas fiscales.

El ordenamiento burocrático avanzó con la promulgación de la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia el 28 de enero de 1782, la cual dividió el territorio virreinal en ocho intendencias: Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Cuyo, Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, Potosí, La Paz y Chuquisaca. Esta normativa suprimió los corregimientos y otorgó a cada intendente jurisdicción sobre las áreas de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, bajo la máxima autoridad del virrey. Posteriormente, el 5 de agosto de 1783, la Corona introdujo modificaciones al esquema: se mantuvieron los gobiernos político-militares de Moxos y Chiquitos, mientras que las intendencias sufrieron reestructuraciones que dieron origen a Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán y Cochabamba. El régimen de intendencias entró en vigor definitivo en 1784.

Paralelamente, las instituciones judiciales y administrativas alcanzaron mayor complejidad. Mediante real cédula del 14 de abril de 1783 se restableció la Real Audiencia de Buenos Aires, extendiendo su jurisdicción sobre la provincia capital y las de Paraguay, Tucumán y Cuyo; la instalación formal del tribunal se llevó a cabo el 8 de agosto de 1785. En el ámbito militar y ante acontecimientos de agitación social, el virrey Vértiz despachó tropas en 1781 al Alto Perú al mando del coronel Ignacio Flores para colaborar en la represión del levantamiento indígena liderado por Túpac Amaru II.

Por otra parte, la delimitación fronteriza continuó experimentando alteraciones. En agosto de 1801, en el marco de la contienda europea de la Guerra de las Naranjas, tropas irregulares portuguesas con aliados guaraníes ocuparon el pueblo de San Miguel Arcángel y conquistaron el conjunto de las Misiones Orientales y San Francisco de Borja. Igualmente, las fuerzas lusitanas capturaron las guardias de Batoví, el Fuerte de Santa Tecla, San Martín y la franja costera hasta el arroyo Chuy, arrasando en 1802 el Fuerte de San José sobre el río Apa. A pesar de los compromisos de devolución diplomática asumidos por la Corona de Portugal, dichos territorios permanecieron bajo su dominio efectivo.

Invasiones Inglesas y crisis de la monarquía

En el marco de los conflictos anglo-españoles y las guerras napoleónicas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda ejecutó en 1806 la primera de las Invasiones Inglesas contra el estuario del Río de la Plata, siguiendo los planteamientos estratégicos del Plan Maitland. La ocupación de la ciudad de Buenos Aires por parte de las tropas británicas obligó al virrey Rafael de Sobremonte a trasladarse a Córdoba, urbe a la que declaró capital interina del virreinato el 14 de julio de 1806. Pese a que las fuerzas locales lograron expulsar a los invasores, una segunda tentativa militar británica aconteció en 1807, concluyendo con una nueva derrota para las armas del Reino Unido. Estos sucesos bélicos desnudaron la fragilidad de la estructura defensiva metropolitana y la debilidad institucional de las autoridades coloniales, acelerando el proceso de crisis política en la región.

La convulsión política de la metrópoli se profundizó en 1808 tras las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales la Corona española fue transferida a José I. El emperador Napoleón Bonaparte envió al Río de la Plata al marqués de Sassenay con la misión de obtener el juramento de lealtad hacia el nuevo monarca francés. Al arribar a Buenos Aires en julio de 1808, el virrey Santiago de Liniers sometió el asunto a consideración del Cabildo de Buenos Aires y de la Real Audiencia de Buenos Aires, instituciones que rechazaron las exigencias imperiales y destruyeron los pliegos franceses. Tras trasladarse a Montevideo, Sassenay fue arrestado por el gobernador Francisco Javier de Elío.

El 21 de agosto de 1808 se celebró en la capital virreinal el juramento de fidelidad a Fernando VII, y en septiembre Liniers declaró formalmente la guerra al Imperio francés, reconociendo la autoridad de la Junta Suprema Central de Sevilla. La entidad peninsular envió como delegado a José Manuel de Goyeneche para ratificar la lealtad de las provincias americanas y, posteriormente, designó a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey en sustitución de Liniers. Frente a las insurrecciones producidas en 1809 en la provincia de Charcas —las revoluciones de Chuquisaca y La Paz—, el virrey Cisneros despachó un contingente armado al mando de Vicente Nieto y José de Córdoba y Rojas, pacificando la zona en coordinación con las tropas conducidas por Goyeneche desde el Virreinato del Perú.

Argentina en el virreinato del Río de la Plata

La creación del virreinato tuvo consecuencias significativas tanto políticas como sociales. A nivel político, marcó el inicio de una nueva etapa en la administración colonial española, con Buenos Aires asumiendo un papel central que perdura hasta nuestros días.

Revolución de Mayo, guerra de independencia y colapso del virreinato

El inicio formal del proceso de desintegración virreinal se produjo con la Revolución de Mayo el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, jornada en la que se depuso al virrey Cisneros y se constituyó una junta provisional de gobierno que desconoció las directivas del Consejo de Regencia de España e Indias. La insurrección de la capital provocó respuestas disímiles en las intendencias del interior. En el Paraguay, el gobernador Bernardo de Velasco y un congreso reunido en Asunción juraron fidelidad al monarca español; sin embargo, el 17 de junio de 1811 se conformó una junta presidida por Fulgencio Yegros que destituyó a Velasco y estableció un gobierno autónomo. En contraste, el virrey del Perú reincorporó provisionalmente a su jurisdicción las intendencias de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán a mediados de 1810.

Ante el avance independentista, el Consejo de Regencia nombró virrey a Francisco Javier de Elío, quien declaró a Montevideo como capital del virreinato el 19 de enero de 1811. No obstante, la población de la Banda Oriental se alzó en armas en febrero de ese año mediante el denominado Grito de Asencio. Tras el triunfo patriota de José Gervasio Artigas en la batalla de Las Piedras, el poder realista quedó reducido al recinto fortificado de Montevideo y a la Colonia del Sacramento. El 20 de octubre de 1811, la junta de Buenos Aires y Elío pactaron un armisticio, abandonando este último el cargo el 18 de noviembre para retornar a España. La jefatura militar de la resistencia realista recayó en Gaspar de Vigodet como capitán general y gobernador.

El desarrollo de las operaciones militares inclinó definitivamente la balanza en favor de las fuerzas emancipadoras. Las victorias conseguidas por el general Manuel Belgrano al mando del Ejército del Norte en la batalla de Tucumán (septiembre de 1812) y en la batalla de Salta (febrero de 1813) expulsaron a los ejércitos realistas de las provincias meridionales. En el frente oriental, la rendición de Gaspar de Vigodet ante las fuerzas comandadas por Carlos María de Alvear en Montevideo, acontecida el 23 de junio de 1814, significó el cese del dominio de la Corona en la Banda Oriental.

La presencia armada metropolitana en la región prosiguió de forma dispersa hasta los triunfos decisivos en el Alto Perú. Tras la retirada del coronel Pedro Antonio de Olañeta del territorio de Jujuy en 1822, el Ejército Unido Libertador del Perú, bajo las órdenes de Antonio José de Sucre, dirigió la campaña sobre los últimos baluartes realistas altoperuanos, concluyendo las operaciones el 1 de abril de 1825 en el combate de Tumusla donde falleció Olañeta. Ignorando su muerte, el rey Fernando VII lo había nombrado nominalmente virrey del Río de la Plata el 27 de mayo de 1825. Años después, incursiones irregulares partidarias de la causa monárquica, como la banda de los Hermanos Pincheira, continuaron sus acciones en Cuyo y la Patagonia hasta su derrota final en la batalla de las lagunas de Epulafquen el 14 de enero de 1832 a manos del general chileno Manuel Bulnes. Décadas más tarde, la Corona española reconoció la independencia de las repúblicas nacidas del antiguo territorio virreinal: la República Argentina en 1860, el Estado Plurinacional de Bolivia en 1861, la República del Paraguay en 1882 y la República Oriental del Uruguay en 1882.

Organización territorial y administrativa

Durante la existencia del Virreinato del Río de la Plata, las estructuras administrativas atravesaron por dos etapas diferenciadas de organización. En el período comprendido entre 1776 y 1784, la entidad conservó la subdivisión preexistente de cuatro gobernaciones, tres corregimientos y diversos gobiernos político-militares subordinados. Bajo este primer esquema, el corregimiento de Cuyo fue desacoplado de la Real Audiencia de Chile e integrado a la Real Audiencia de Charcas. En este lapso también se crearon la Superintendencia de los Establecimientos Patagónicos (1778-1785) y la gobernación de Fernando Poo y Annobón (1778-1780).

Con la implementación del sistema de intendencias en 1784, el virreinato se estructuró en ocho provincias intendencias. Los antiguos corregimientos fueron reconvertidos en partidos, manteniéndose los gobiernos político-militares regionales con excepción del de Chucuito. Las zonas fronterizas con el territorio lusitano y los puntos estratégicos marítimos —tales como la Comandancia de las Islas Malvinas— quedaron sujetas a la jurisdicción militar directa de la figura del virrey. En 1784 se erigió la intendencia de Puno, la cual fue retransferida al Virreinato del Perú en el año 1796. Para el año 1810, el virreinato contaba con cuarenta partidos, cuatro gobiernos político-militares y dos tenencias de gobierno subordinadas a las intendencias.

En el aspecto eclesiástico, la totalidad de la demarcación territorial virreinal se encontraba subordinada a una única provincia eclesiástica de la Iglesia católica: el arzobispado de Charcas. De esta sede arzobispal dependían seis obispados sufragáneos, incluyéndose la diócesis de Salta, creada en el año 1806.

Estructura económica y circuitos comerciales

La base del sistema económico virreinal estuvo articulada en torno a la extracción y comercialización de metales preciosos, principalmente la plata proveniente de las minas del Alto Perú, entre las que destacó el yacimiento del Cerro Rico de Potosí. Esta dinámica extractiva requirió la estructuración de una extensa red vial articulada a través del Camino Real, la cual conectaba los centros mineros del norte con el puerto de Buenos Aires. Para sostener la logística del transporte, las ciudades de la intendencia de Tucumán desarrollaron la cría y comercialización de mulas y animales de tiro, al tiempo que en San Miguel de Tucumán y Mendoza floreció la fabricación artesanal de carretas.

La concentración demográfica en las regiones mineras del norte promovió el surgimiento de circuitos productivos regionales complementarios. La región pampeana y las Vaquerías del Mar abastecieron de carne vacuna a las ciudades altoperuanas y al Brasil portugués, comercio este último caracterizado por el tráfico ilegal desde la Banda Oriental. La explotación de los rodeos cimarrones dio origen a la figura del gaucho como trabajador rural de las zonas de pastoreo. Por su parte, la región de las Misiones y Paraguay proveyó de yerba mate a la totalidad del virreinato y a Chile. En las intendencias de Salta, Córdoba y la región de Cuyo se extendió la vitivinicultura para la elaboración de vinos y aguardientes, mientras que en La Rioja y Catamarca se establecieron cultivos de olivo y producciones textiles basadas en el algodón y la lana. La ciudad de Córdoba operó como el nodo neurálgico que articulaba el comercio entre las regiones del norte («El Arriba») y las del litoral sur («El Abajo»).

El transporte terrestre de mercancías a través de las rutas virreinales se caracterizó por su lentitud: los desplazamientos en carretas tiradas por bueyes requerían cerca de tres meses para cubrir una distancia de mil kilómetros. No obstante, el sistema oficial de correos y postas, reorganizado a partir de 1771, permitía a los chasquis a caballo recorrer la distancia entre Buenos Aires y Mendoza en veintidós días. En el ámbito fluvial, la navegación desde Asunción hacia Buenos Aires demandaba unos quince días, mientras que el trayecto inverso a contracorriente por el río Paraná se prolongaba hasta por tres meses. Cabe señalar que la ciudad de Santa Fe funcionó como «puerto preciso» obligatorio para las embarcaciones paraguayas entre 1739 y 1780, año en que el virrey Pedro Melo de Portugal abolió dicha prerrogativa.

En materia portuaria, la ciudad de Buenos Aires encabezó el movimiento mercantil virreinal, secundada por el puerto natural de Montevideo, cuyas condiciones de profundidad permitían el amarre de navíos de mayor calado. Para combatir el contrabando, la Corona creó en 1779 el Resguardo del Puerto de Buenos Aires, extendiendo posteriormente estos cuerpos de fiscalización militar a Montevideo, Corrientes, Salta, Córdoba y Oruro. En 1797, el virrey Antonio Olaguer Feliú autorizó el ingreso de buques neutrales y extranjeros al puerto de la capital para sostener la actividad comercial afectada por las guerras europeas.

Instituciones virreinales

La administración central del virreinato con sede en Buenos Aires estuvo integrada por un complejo entramado de organismos gubernamentales, judiciales, fiscales y religiosos. De acuerdo con registros documentales de la época, la estructura institucional comprendía las siguientes dependencias:

• Secretaría de Cámara: órgano de asistencia directa al virrey integrado por oficiales, asesores de guerra y escribanos.
• Real Audiencia Pretorial: máximo tribunal de justicia del virreinato, presidido por el virrey y compuesto por un regente, oidores y fiscales en lo civil y criminal.
• Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas: organismo de fiscalización financiera establecido en 1767.
• Junta Superior de Real Hacienda: tribunal económico erigido en 1784 para supervisar las finanzas de las intendencias y los cabildos.
• Juntas Especiales: comisiones encargadas de la gestión de ramos específicos, entre las que figuraban la Junta Superior de Propios y Arbitrios, la Junta Superior de Aplicaciones, la Junta Provincial de Temporalidades, la Junta de Diezmos y la Junta de Almonedas.
• Tesorería General de Ejército y Real Hacienda: oficina encargada de la Caja Real de Buenos Aires, de la cual dependían las cajas subordinadas distribuidas en las capitales de las intendencias y en ciudades como Santa Fe, Mendoza, Oruro y San Miguel de Tucumán.
• Organismos Comerciales y Fiscales: la Real Aduana, la Real Renta de Tabacos, la Administración Principal de la Real Renta de Correos y el Real Tribunal del Consulado (creado en 1794), el cual fundó en 1799 una Academia de Náutica.
• Tribunales Sanitarios y Religiosos: el Real Tribunal del Protomedicato (instituido formalmente en 1798), la Santa Cruzada, la Comisaría de la Santa Inquisición y el Montepío de Ministerio de Justicia y Real Hacienda.

Resumen

El Virreinato del Río de la Plata constituyó una demarcación político-territorial creada por la Corona de España en el último cuarto del siglo XVIII dentro de las reformas borbónicas. Erigido en 1776 en favor de Pedro de Cevallos y confirmado de forma permanente en 1777 por el rey Carlos III, su establecimiento respondió a la necesidad de controlar la frágil frontera con los dominios de Portugal, frenar el contrabando y proteger la estratégica cuenca del Río de la Plata ante las ambiciones de potencias europeas rivales. Su amplio territorio integró vastas regiones de la República Argentina, la República Oriental del Uruguay, la República del Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia y áreas limítrofes de países vecinos, situando la capital virreinal en la ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de su existencia, la economía del virreinato se vertebró en torno a la extracción minera de plata en el Alto Perú y la consiguiente apertura de rutas comerciales internas que dinamizaron a las provincias del interior y al puerto de la capital. La promulgación del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España a Indias de 1778 y la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes en 1782 consolidaron la centralidad burocrática y comercial rioplatense. Sin embargo, el impacto militar de las Invasiones Inglesas y la posterior crisis de la monarquía española desembocaron en la Revolución de Mayo de 1810. Este proceso revolucionario dio inicio a la guerra de la independencia y culminó con la definitiva fragmentación del virreinato y la formación de los nuevos Estados soberanos en el Cono Sur.

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